El grupo Sumar Galicia ha lanzado una crítica severa contra la Xunta de Galicia por su reciente decisión de establecer instalaciones específicas para albergar a menores migrantes, acusándola de “sembrar racismo y aporofobia”.
En una declaración pública, han expresado una oposición “rotunda” hacia las acciones del gobierno regional, argumentando que estas no solo transgreden los derechos fundamentales de los menores, sino que también representan una política política imprudente que busca ocultar años de reducciones presupuestarias y negligencia en los servicios sociales mediante la promoción de prejuicios raciales y de pobreza.
Paulo Carlos López, secretario general de la entidad, ha acusado directamente a la Xunta de adoptar lo que ven como una estrategia segregacionista y discriminatoria bajo la apariencia de una solución. “Ningún niño debería ser tratado como un ciudadano de segunda por su origen, raza o nacionalidad, y los migrantes no requieren compasión; merecen que se respeten sus derechos igual que a cualquier niño gallego”, ha declarado.
Además, el grupo ha denunciado que la administración autonómica ha estado “privatizando, recortando y degradando los servicios sociales” durante más de 15 años, utilizando a los menores migrantes como “chivo expiatorio y arma política contra el Estado”, calificando estas acciones de “vergonzosas y desleales”. “Es de ser malas personas, casi una traición a la decencia humana más básica de quien más necesita la protección de la administración gallega”, han agregado.
Finalmente, critican que la Xunta desoye las directrices europeas, la Constitución y la legislación nacional, las cuales promueven políticas interculturales que deberían facilitar la convivencia e integración equitativa y sin discriminación. Sostienen que la propuesta de la Xunta es completamente contraria a estos principios y abriría la puerta a la institucionalización del racismo, la exclusión social y la aporofobia. Por ello, exigen la eliminación inmediata de esta medida, que califican de “indecente”, y la creación de suficientes plazas públicas que aseguren una acogida digna y el cumplimiento estricto de las leyes de protección de menores y políticas migratorias.