Sumar ha presentado en el Congreso una propuesta de modificación de la Ley de Memoria Democrática para que se otorgue la condición de víctimas a las mujeres que fueron recluidas en el Patronato de Protección de la Mujer durante la dictadura franquista y también en los primeros años de la etapa democrática, hasta 1985, fecha en la que esta institución dejó de operar.
Para introducir este ajuste en la Ley de Memoria, el socio minoritario del Gobierno de coalición ha aprovechado la tramitación de una proposición de ley del PSOE relativa a la inclusión laboral de las personas con discapacidad mediante la cuota de reserva de empleo en las empresas.
La reparación y el reconocimiento de las mujeres afectadas por el Patronato es una demanda recurrente de las fuerzas de izquierdas, que en varias ocasiones han conseguido que la Comisión de Igualdad del Congreso inste al Ejecutivo a avanzar en esta materia.
En este contexto, Sumar pretende utilizar la tramitación de la citada norma sobre inclusión laboral para añadir una nueva disposición final a la Ley de Memoria que otorgue el estatus de víctimas a las jóvenes que pasaron por el Patronato.
Mediante su enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, busca que sean reconocidas como tales las mujeres que fueron “internadas, privadas de libertad o sometidas a prácticas vejatorias, coercitivas o represivas” por el Patronato de Protección a la Mujer.
Además, detalla que deben ser consideradas víctimas incluso cuando los hechos se produjeron “entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978” y la disolución del Patronato en 1985, “entendiendo que dichas prácticas fueron continuación de las dinámicas institucionales represivas desarrolladas durante el régimen franquista”.
Sumar subraya que la Ley de Memoria Democrática, en su artículo 3, define la noción de víctima en función de vulneraciones de derechos producidas entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978, “incorporando después una enumeración de víctimas que aunque no es exhaustiva, no altera ese marco temporal”.
Continuidad represiva tras la Constitución
El grupo plurinacional recalca que la continuidad del Patronato de Protección a la Mujer después de 1978 provocó situaciones de privación de libertad y de control coercitivo sobre mujeres y menores que, al haberse producido ya en el periodo constitucional, quedan actualmente excluidas de los instrumentos de reconocimiento y reparación previstos en el marco temporal central de la ley, pese a su evidente continuidad material con los patrones represivos previos.
Con todo, recuerda que la propia ley ya prevé que entre 1978 y 1983 pudieron darse vulneraciones de derechos vinculadas al proceso de consolidación democrática, y contempla la realización de un estudio específico sobre ese intervalo temporal.
En su enmienda, Sumar plantea una solución limitada y precisa, circunscrita a una institución concreta y supeditada a la acreditación de esa continuidad represiva, evitando una ampliación general del concepto de represión franquista y garantizando, de este modo, “la coherencia del sistema jurídico”.