QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar ha solicitado al Gobierno que elimine todas las distinciones y títulos que aún posee el rey emérito Juan Carlos I, y que además promueva entre comunidades autónomas y ayuntamientos la supresión de su nombre en edificios, infraestructuras y centros públicos. Esta petición se ha formalizado mediante una proposición no de ley para debatirla en el Pleno de la Cámara Baja, impulsada por representantes de Sumar, Más Madrid, Comunes e IU, coincidiendo con el medio siglo desde su ascenso al trono.
La medida propuesta por el socio minoritario del Gobierno llega justo tras la publicación de las memorias del emérito y la reciente ausencia de Sumar en un evento conmemorativo de la monarquía en el Congreso. Según el documento accedido por Europa Press, el acto pretendía destacar el papel de la Monarquía parlamentaria en la democracia, pero se destacó la ausencia de Juan Carlos, el ‘protagonista histórico’ de la ocasión, quien no fue invitado.
Esta ‘exclusión’ evidencia, según Sumar, una ‘clara distancia institucional’ del Estado y sus poderes públicos hacia el emérito, sumándose a acciones previas como la eliminación de su asignación presupuestaria por la Casa Real en 2020 y la finalización de su agenda oficial tras varios ‘episodios de controversias fiscales, financieras y éticas’. Además, se menciona su residencia en Abu Dabi, las ‘regularizaciones fiscales voluntarias’ y las investigaciones sobre capitales en el extranjero y estructuras ‘opacas’.
El grupo argumenta que los actos de Juan Carlos I han menoscabado la imagen de la Jefatura del Estado, impactando la credibilidad de las instituciones. Asimismo, señala la coincidencia del 20N, aniversario de la muerte de Francisco Franco, invitando a una revisión crítica de los símbolos públicos. A pesar del distanciamiento institucional, nombres como el del Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, o la universidad que lleva su nombre, permanecen visibles en el sector público.
Por estas razones, Sumar urge a retirar condecoraciones al emérito y reemplazar su nombre en el ámbito público por otros que reflejen ‘ejemplaridad, integridad y ética pública’, solicitando al Gobierno colaborar con las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias para efectuar estos cambios.
