La coalición Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley solicitando la restitución del subsidio de excarcelación, un soporte económico eliminado por decreto el año anterior.
De acuerdo con el documento que ha tenido acceso Europa Press, la legislación promulgada por el Gobierno de coalición, al que Sumar pertenece, suprimió el apartado 2 del artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho apartado otorgaba el derecho a recibir el subsidio por excarcelación a individuos liberados de prisión sin acceso a prestación por desempleo, siempre y cuando la duración de la reclusión superara los seis meses. También se beneficiaban menores de centros de internamiento y personas que finalizaran un tratamiento de desintoxicación de drogas ligado a la suspensión de una condena.
CARENCIAS TELEMÁTICAS
Tras la modificación legal, indican, la única vía disponible es el ingreso mínimo vital, enfrentándose las personas excarceladas a la falta de medios técnicos para tramitar la petición de forma telemática. Sumar critica la escasez de citas presenciales en las oficinas de la Seguridad Social, lo que dificulta la solicitud de la ayuda y su resolución, que puede dilatarse hasta un año, a diferencia del subsidio por excarcelación que se resolvía en uno o dos meses. Subrayan que la excarcelación no debe implicar una pérdida automática del derecho a la protección social, especialmente en condiciones de vulnerabilidad.
REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE REINCIDENCIA
La proposición, que se debatirá y votará en la Comisión de Interior del Congreso, argumenta que el apoyo económico y social inmediato tras la excarcelación disminuye notablemente las tasas de reincidencia y que el subsidio funciona como una red de seguridad que facilita la reinserción laboral y social del individuo. Advierten que su supresión podría tener efectos adversos tanto para los afectados como para la seguridad pública en general.
Por estas razones, la formación liderada por Yolanda Díaz solicita que el Congreso impulse un proceso de consulta con expertos en reinserción social y Criminología, además de organizaciones especializadas, para evaluar el impacto de la supresión del subsidio y adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurar la protección social de aquellos en proceso de reinserción tras cumplir su condena.