Sumar propone en el Congreso reestablecer el subsidio para exreclusos

El partido Sumar presentará este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de solicitar la restitución del subsidio por excarcelación, un soporte social eliminado mediante un decreto ley el año anterior.

De acuerdo con la información de Europa Press, el decreto impulsado por el Gobierno de coalición en el que participa Sumar eliminó el apartado 2 del artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social, el cual otorgaba el derecho a este subsidio a individuos que salían de prisión sin acceso a beneficios por desempleo, siempre y cuando su encarcelamiento hubiera superado los seis meses. También incluía a menores de centros de internamiento y personas que finalizaban tratamientos de desintoxicación ligados a la suspensión de una condena.

CARENCIAS TELEMÁTICAS

Luego de la reforma, se señala que la única opción restante es pedir el ingreso mínimo vital, aunque los exreclusos a menudo no disponen de los medios necesarios para realizar la solicitud online. Además, la escasez de citas en las oficinas de la Seguridad Social dificulta que estas personas soliciten la ayuda en persona, y se menciona que los tiempos de espera para resolver estas solicitudes pueden prolongarse hasta un año, en contraste con el mes o dos que solía demorar el subsidio por excarcelación.

La proposición destaca que un apoyo económico y social inmediato tras la excarcelación puede reducir drásticamente las tasas de reincidencia, actuando como una red de seguridad que facilita la reintegración laboral y social del individuo. La eliminación de este subsidio podría tener efectos adversos tanto para los individuos afectados como para la seguridad ciudadana en general.

Sumar, liderado por Yolanda Díaz, urge al Congreso a que inste al Gobierno a iniciar un proceso de consulta con expertos en reinserción social y Criminología, así como con organizaciones especializadas, para evaluar el impacto de la eliminación del subsidio y a adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurar la protección social de las personas en proceso de reinserción post-condena.