Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso para la regulación del ejercicio profesional de la Criminología. Esta normativa marca un hito al establecer por primera vez los parámetros para el reconocimiento oficial de la profesión, definiendo sus funciones específicas y estipulando los requisitos necesarios para su práctica tanto en el ámbito público como en el privado.
Según la información recogida por Europa Press, el propósito de la iniciativa es especificar las funciones del criminólogo, delimitando los requisitos para su práctica y asegurando su integración en los sistemas públicos y privados que abarcan la prevención, intervención, investigación y evaluación de la criminalidad y la seguridad.
La proposición estipula que únicamente podrán ejercer como profesionales aquellos que posean el título universitario oficial de Licenciatura o Grado en Criminología, o su equivalente homologado, requisito que es “vinculante para los sectores públicos, privados, sociales y cualquier otro que realicen la contratación” de estos profesionales.
El documento de Sumar, que incorpora gran parte de la propuesta del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid con el respaldo de otros colegios de España, describe la Criminología como una “disciplina científica interdisciplinar” que aborda “las causas, naturaleza, extensión, prevención y control del delito y la desviación social”, así como la intervención con víctimas e infractores y las respuestas sociales e institucionales.
VÁLIDO PARA PERITOS Y DOCENTES, ADEMÁS DE INVESTIGADORES
Además, la ley detalla 21 grandes áreas de competencia, que incluyen la evaluación del riesgo de reincidencia y revictimización, la elaboración de informes criminológicos, el análisis de la criminalidad, la prevención en ámbitos policial, penitenciario, vial y cibernético, la intervención con víctimas y la participación en procesos de justicia restaurativa, entre otros.
La norma también contempla más de 30 posibles roles profesionales, que van desde docentes e investigadores hasta peritos judiciales, analistas delictivos, técnicos en instituciones penitenciarias, miembros de equipos de justicia juvenil, profesionales de atención a víctimas, especialistas en ciberseguridad, criminólogos ambientales, asesores en medios de comunicación o técnicos en protección del informante, entre otros.
La ley prevé que las administraciones públicas deberán incluir la figura profesional del criminólogo/a en sus relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público “en aquellos ámbitos relacionados con la prevención del delito, la reinserción social y laboral, la atención a víctimas, la mediación, la seguridad pública, la protección del informante” y otros ámbitos relacionados.
INCORPORACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA
Asimismo, se establecen los derechos y deberes del colectivo, la obligación de secreto profesional, la elaboración de un código deontológico por parte de los colegios profesionales y un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves.
La proposición incluye disposiciones sobre igualdad, accesibilidad, fomento del empleo, creación del campo de conocimiento universitario de Criminología como disciplina independiente y la incorporación de la profesión en la función pública en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.
Entre las medidas destacadas también se encuentra el desarrollo reglamentario del Registro Nacional de Criminología, la regulación del régimen sancionador y la homologación de títulos académicos en un plazo máximo de seis meses.
FUNDAMENTAL PARA “MEJORAR LA CONVIVENCIA”
La exposición de motivos destaca que la Criminología es una ciencia esencial para entender la delincuencia, prevenirla y mejorar las respuestas institucionales, señalando la histórica falta de una regulación profesional que provoca “inseguridad jurídica”, limita el acceso al empleo y no garantiza que quienes la ejerzan cuenten con la titulación necesaria.
Además, reivindica su papel en ámbitos policiales, judiciales, penitenciarios, educativos, comunitarios, empresariales, de ciberseguridad y de protección de víctimas, así como su importancia internacional y europea, donde la profesión ya está reconocida.
La ley subraya que la Criminología es fundamental para diseñar políticas públicas basadas en la evidencia, mejorar la convivencia, garantizar derechos y proporcionar diagnósticos rigurosos. Y responde a la necesidad de reconocer y ordenar una profesión “fundamental para la mejora de la convivencia en nuestro país” y para equiparar la realidad española a los estándares europeos, sostiene el grupo parlamentario.