Sumar propone modificaciones a la nueva Ley de Secretos Oficiales demandando periodos más breves de desclasificación

Archivo - (La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 20 de marzo de 2025, en Madrid (EEduardo Parra - Europa Press - Archivo

Sumar, bajo la dirección de la Vicepresidencia Segunda a cargo de Yolanda Díaz, ha introducido alegaciones al anteproyecto de ley de información clasificada, exigiendo que los periodos para desclasificar información sean muchos más cortos y que las penalizaciones por divulgar información secreta sean reducidas.

Así, el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso planea introducir enmiendas al proyecto de ley promovido por los socialistas durante su proceso de tramitación parlamentaria.

Discrepancias dentro del Gobierno

Representantes de Sumar, como socio minoritario en el Gobierno, han manifestado su disconformidad con ciertos aspectos de la reforma de la conocida Ley de Secretos Oficiales, ratificada recientemente en el Consejo de Ministros.

Sumar ha propuesto que los tiempos de desclasificación se ajusten a normas similares a las de otros países europeos, en contraste con los plazos propuestos por el Ministerio de Presidencia. Según Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se contempla un plazo de 45 años para la desclasificación de la información de alto secreto, con opción a 15 años adicionales de prórroga.

Para la información clasificada como secreto, el límite se establece en 35 años con una extensión de 10 años. Los documentos considerados confidenciales deberán ser públicos en un intervalo de 7 a 9 años, y la información restringida en un periodo de 4 a 5 años, ambos sin prórrogas.

Otras solicitudes de Sumar

Adicionalmente, Sumar ha solicitado que la información potencialmente importante para procesos judiciales que busquen penalizar acciones que atenten contra la dignidad del ser humano no sea clasificada como reservada.

En cuanto a las sanciones del régimen disciplinario propuesto, Sumar ha pedido que estas sean menos elevadas, limitando las multas a un máximo de 2,5 millones en los casos más severos.

Finalmente, Sumar aboga por que los miembros del Congreso que formen parte de la comisión relevante tengan acceso a todos los documentos y justificaciones relacionadas con las propuestas de clasificación.

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