Sumar, liderado por la Vicepresidencia Segunda de Yolanda Díaz, ha interpuesto alegaciones al borrador de ley sobre la información clasificada, exigiendo plazos de desclasificación «muchos más cortos» y multas menos severas en casos de divulgación de datos secretos.
El conjunto parlamentario de Sumar tiene previsto introducir cambios al proyecto de ley promovido por el partido socialista al comenzar su proceso en el Congreso.
Representantes del socio minoritario han manifestado su oposición a ciertos aspectos de la propuesta de reforma de la conocida Ley de Secretos Oficiales, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.
En particular, Sumar ha sugerido que los periodos para hacer pública la información clasificada sean comparables a los de otros países miembros de la comunidad europea, según lo propuesto por el Ministerio de Presidencia.
Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, indicó que se contempla un máximo de 45 años para desclasificar información de alto secreto, con una extensión posible de 15 años adicionales. Para los secretos, el plazo máximo será de 35 años con una prórroga de 10 años. Los documentos clasificados como confidenciales deberán ser públicos entre 7 y 9 años, sin prórroga, y la información restringida deberá revelarse en un lapso de 4 a 5 años, también sin prórrogas.
OTRAS PETICIONES
Sumar también ha solicitado que no se reserve como confidencial aquella información que sea crucial para iniciar procesos judiciales contra actos que «atenten contra la dignidad del ser humano».
Además, en cuanto al régimen de sanciones, Sumar ha pedido que las multas impuestas sean «menos elevadas», estableciéndose un tope de hasta 2,5 millones de euros para los casos más severos.
Finalmente, Sumar aboga porque los miembros del Congreso que formen parte de la comisión relevante tengan acceso a todos los documentos y justificaciones que acompañan las propuestas de clasificación.