QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar busca establecer un diálogo con el sector socialista del gobierno para definir el contenido del próximo Plan Estatal de Vivienda (PEV) para el periodo 2026-2030 y solicita que la inversión se incremente hasta alcanzar los 65.000 millones de euros, representando esto el 1% del PIB en vivienda pública y accesible.
Además, quieren que en las conversaciones con el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, se acuerden otras iniciativas como la protección indefinida de cualquier propiedad con calificación pública, el desarrollo de un inventario de alquiler público con precios accesibles de entre 400 y 600 euros, fortalecer la agencia pública nacional con los bienes de la Sareb y que el estado actúe como ‘promotor público’, abandonando el esquema de colaboración público-privada, que según ellos incrementa los costes adicionales.
Según un informe revisado por Europa Press, el socio minoritario plantea una ampliación significativa de los fondos públicos para este plan que supera la propuesta inicial de 7.000 millones en vivienda sugerida por Pedro Sánchez a las comunidades autónomas en la última Conferencia de Presidentes. Sumar sugiere añadir a esa cifra otros 58.000 millones mediante préstamos blandos europeos de la iniciativa Next Generation (con un total de 90.000 millones) para llegar a los 65.000 millones mencionados. A partir del año 2026, proponen asignar 16.000 millones a proyectos de vivienda.
Carlos Martín, portavoz económico de Sumar, estima que, considerando las condiciones favorables de estos créditos (sin intereses durante diez años y reducciones en los veinte siguientes), y con alquileres accesibles en apartamentos de 80 metros cuadrados, el impacto presupuestario sería neutral y la inversión se recuperaría.
UN FONDO COMPETITIVO CONDICIONADO A QUE LAS CCAA APLIQUEN LAS MEDIDAS
Además, aspiran a que la distribución de fondos a comunidades y ayuntamientos esté condicionada al cumplimiento de los objetivos del plan, especialmente en lo que respecta al despliegue de vivienda pública accesible.
Martín argumenta que la inversión debe gestionarse como un ‘fondo competitivo’ basado en los niveles de tensión del mercado inmobiliario de cada autonomía, y si una administración no utiliza estos recursos, deberían reasignarse a regiones que sí cumplan con las políticas establecidas.
Otro aspecto crucial de la propuesta de Sumar al Ministerio es la consolidación de todos los recursos inmobiliarios públicos (en manos del SEPES) en una sola entidad pública de vivienda, incluyendo todos los apartamentos y terrenos de la Sareb y de otros organismos estatales, como Adif o el Ministerio de Defensa.
