El grupo parlamentario Sumar ha expresado su desaprobación ante la huelga impulsada por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, señalando que posee un «claro componente político» y busca ejercer «presión política» sobre el parlamento. Según ellos, esto constituye una «injerencia preocupante» y perjudica la armonía entre los poderes estatales.
Además, Sumar ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe asegurar la prestación de servicios mínimos, aunque este órgano rechace esta obligación. Argumentan que la administración de justicia es un servicio «esencial» y esperan que a los jueces participantes en la huelga se les aplique «el correspondiente descuento en la nómina, como ocurre con cualquier otra persona» en situación similar.
«Ser juez o jueza no puede implicar privilegios en el caso de realizar una huelga», ha remarcado el grupo plurinacional en una declaración, argumentando que esta huelga «no responde a una reivindicación puramente laboral».
El derecho a la huelga es descrito por Sumar como una «conquista irrenunciable», resultado de la lucha sindical y de movimientos de izquierda, y señalan que, aunque no existe una «regulación específica» para la judicatura, tampoco hay una «norma constitucional u orgánica que lo prohíba expresamente».
En relación con las jornadas de huelga programadas para los días 1, 2 y 3 de julio, la formación política indica que «se trata de una protesta contra decisiones legislativas tomadas democráticamente por el Congreso» y que su naturaleza es «claramente política», lo que representa una «injerencia preocupante del poder judicial en las funciones del poder legislativo».
«Aunque en la convocatoria formal se recogen algunas demandas de tipo profesional -relativas a carrera, salud laboral o sobrecarga de trabajo-, el eje central de la protesta es la presión directa al legislador para condicionar su actuación al dictado de los intereses corporativos de una parte de la judicatura. Esta pretensión no solo es improcedente en términos institucionales, sino que daña gravemente el equilibrio entre poderes y los principios democráticos de nuestro sistema», ha apostillado Sumar en su nota.
Finalmente, el grupo plurinacional ha proclamado su defensa de una «justicia verdaderamente independiente, accesible y al servicio de la ciudadanía» y, por ello, rechaza «cualquier intento de utilizar el poder judicial como herramienta de presión política contra el Parlamento».