Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL), para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, con la que pide al Gobierno que impulse que la Comisión Europea analice y, en su caso, declare que las sanciones dictadas por Estados Unidos contra miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) y contra la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, suponen un caso de coerción económica ejercida por un país tercero.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea igualmente promover en el seno de la Unión Europea (UE) la puesta en marcha de los instrumentos contemplados en ese reglamento con el objetivo de contrarrestar los efectos de dichas sanciones en el territorio comunitario y salvaguardar a los ciudadanos europeos afectados, además de reafirmar el respaldo de España a la CPI y al sistema de Naciones Unidas.
Según Sumar, las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos "no constituyen únicamente un ataque a la Justicia internacional y al sistema de Naciones Unidas" sino que "afectan de manera directa a ciudadanos europeos y a los intereses fundamentales de la Unión y de sus Estados miembros".
El documento subraya que estas medidas fueron adoptadas "explícitamente como represalia" por la colaboración con la CPI y por resoluciones judiciales vinculadas a la investigación y persecución de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, lo que, añade, "evidencia su carácter intimidatorio y su finalidad de influir en el ejercicio de la propia función jurisdiccional" de la corte.
Tal y como han advertido los jueces afectados, la iniciativa alerta de que las sanciones están provocando "un grave perjuicio económico" y constituyen "una sanción extrajudicial y arbitraria", al bloquear el acceso a servicios bancarios, medios de pago, plataformas digitales, cuentas corrientes, transporte, alojamiento y comercio electrónico, además de implicar el cierre de cuentas y la imposibilidad de efectuar operaciones internacionales incluso dentro de la UE.
En esta línea, Sumar considera que las sanciones "podrían encajar en la definición de coerción económica" prevista en el Reglamento europeo 2023/2675, cuyo artículo 2 indica que existe coerción económica cuando un tercer Estado aplica o amenaza con aplicar medidas que inciden en el comercio o la inversión "con el fin de impedir o conseguir la cesación modificación o adopción de un acto particular por la Unión o un Estado miembro" y cuando esas medidas "afectan o pueden afectar a los intereses de la Unión".
Asimismo, el texto recuerda que el artículo 4 del reglamento otorga a la Comisión Europea la competencia para apreciar la existencia de coerción económica teniendo en cuenta, entre otros criterios, la naturaleza, gravedad, duración y alcance de las medidas, así como sus efectos sobre personas físicas o jurídicas de la Unión.
Presa palestina y denuncias sobre detenciones en Israel
Paralelamente, Sumar ha registrado otra proposición no de ley ante la Comisión de Asuntos Exteriores en la que urge al Gobierno a condenar "firmemente" la situación de los palestinos privadas de libertad bajo custodia israelí, a exigir el acceso inmediato, completo y sin trabas de organizaciones humanitarias y de derechos humanos independientes, y a reclamar que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda entrar con urgencia, de forma periódica y sin obstáculos en todos los centros de detención y prisiones.
La iniciativa, también difundida por Europa Press, indica que tras el anuncio de Estados Unidos, el pasado 14 de enero, del inicio de la segunda fase del denominado Plan de Paz para Gaza, se ha producido "una violación sistemática" de las condiciones fijadas en la primera fase, mientras los continuos ataques israelíes han provocado la muerte de casi 600 palestinos y han dejado más de 1.500 heridos, según denuncia.
El texto apunta además que, desde octubre de 2023, más de 72.000 palestinos han perdido la vida y 171.000 han resultado heridos, que los niveles de hambre "siguen siendo críticos" y que 100.000 personas continúan viviendo en "condiciones catastróficas", al tiempo que denuncia "detenciones masivas, torturas, violencia sexual" contra mujeres arrestadas y la situación de casos como el del pediatra Hussam Abu Safiya y el de Marwan Barghouti, para reclamar el respeto del Derecho Internacional Humanitario y la plena garantía de los derechos de los presos palestinas.