QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, Sumar ha presentado una petición formal ante el Congreso para que el Gobierno y entidades deportivas obliguen a los organizadores de La Vuelta a España a desvincular al equipo Israel-Premier Tech, alegando su vinculación con el genocidio en Palestina.
La agrupación ha lanzado una serie de interrogantes al Gobierno, enfatizando que las competiciones deportivas de alto nivel en España deben alinearse totalmente con los compromisos nacionales en cuanto a derechos humanos y derecho internacional humanitario, además de adherirse a los principios de no discriminación, integridad y responsabilidad social establecidos en la Ley del Deporte.
Los representantes de Sumar destacan que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido medidas cautelares sobre las acciones de Israel en Gaza, considerando plausibles las alegaciones de genocidio y exigiendo el cumplimiento de obligaciones específicas de prevención y respeto al derecho internacional humanitario.
BLANQUEO DE CRÍMENES DE GUERRA
En este marco, critican como inaceptable la promoción o normalización en España de equipos o estructuras deportivas que sirvan como medios de blanqueo institucional de tales actos.
En cuanto a La Vuelta, un evento con amplia audiencia internacional y gestionado por una entidad privada, Sumar argumenta que es responsabilidad del Gobierno asegurar que cualquier soporte público se condicione a cláusulas éticas y de debida diligencia en derechos humanos.
Estas cláusulas deben excluir a equipos que, por su financiación, denominación, imagen corporativa o posicionamientos públicos, ayuden a blanquear crímenes internacionales o infracciones graves del derecho internacional humanitario.
En su propuesta, los legisladores de Sumar instan al Gobierno a detallar los acuerdos de patrocinio, apoyo institucional, cesión de imagen, subvenciones o facilidades públicas actuales para la edición vigente de La Vuelta a España, incluyendo montos, entidades involucradas, duración y condiciones éticas aplicables.
Adicionalmente, cuestionan si dichos acuerdos contemplan cláusulas de debida diligencia en derechos humanos que permitan limitar, condicionar o retirar el apoyo público en caso de que la organización admita equipos asociados a Estados sujetos a medidas cautelares de la CIJ.
Finalmente, Sumar consulta al Gobierno si planea adoptar un protocolo específico para eventos deportivos en España que defina criterios de exclusión de equipos vinculados a violaciones graves de derechos humanos o al blanqueo institucional de crímenes internacionales, imponga cláusulas éticas obligatorias en cualquier convenio o patrocinio público y establezca un mecanismo de verificación independiente y transparente de los acuerdos.
