Sumar insta al Gobierno a realizar un reconocimiento oficial del aporte ‘pedagógico, humanista y libertario’ de Francisco Ferrer i Guàrdia, pedagogo catalán, solicitando además la anulación del juicio y la sentencia que en 1909 le llevaron a la muerte, acusado de ser el promotor de las revueltas en Cataluña durante la Semana Trágica, motivadas por el reclutamiento de reservistas para la guerra de Melilla bajo el mandato de Antonio Maura.
Esta petición se ha materializado en una proposición no de ley, presentada por Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, para debatirse en la Comisión de Justicia del Congreso.
El documento, al cual ha tenido acceso Europa Press, destaca que Ferrer i Guàrdia fue el creador de la Escuela Moderna, un innovador proyecto educativo que defendía la laicidad y promovía el uso de la razón, la ciencia, la coeducación entre géneros y clases sociales así como el pensamiento crítico.
Ferrer i Guàrdia fue ejecutado en el foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuïc después de un consejo de guerra ‘sin garantías’ y basado en la ‘falsa acusación’ de haber provocado la revuelta de la Semana Trágica. Su muerte fue ampliamente condenada a nivel internacional y desató protestas en ciudades como París, Londres, Nueva York, Bruselas y Buenos Aires.
El texto señala que la condena fue fruto de una intensa campaña represiva impulsada por sectores políticos, religiosos y mediáticos, buscando sofocar un modelo educativo que desafiaba el orden vigente.
LUCHÓ POR LA EDUCACIÓN LAICA E IGUALITARIA
Como socio minoritario en el Gobierno, Sumar considera que, tras 116 años del fusilamiento, es momento de reparar la injusticia cometida y restaurar la reputación de un hombre que abogó por una educación laica, libre e igualitaria.
Por ello, proponen que el Congreso inste al Gobierno a anular formalmente el juicio y la sentencia a muerte, reconocer públicamente su legado y promover acciones de ‘reparación simbólica, educativa y memorialista’.
Sumar reclama también la ‘asunción de responsabilidades por parte de las instituciones, siguiendo los principios de verdad, justicia y reparación que deben orientar toda política de memoria democrática’, e integrar el caso de Ferrer i Guàrdia en las políticas públicas de memoria histórica.