QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, Sumar ha presentado en el Congreso una propuesta formal pidiendo al Gobierno y a las autoridades deportivas que insten a los organizadores de La Vuelta a España a descalificar al equipo Israel-Premier Tech, al que se le atribuye una ‘vinculación con el genocidio en Palestina’.
La agrupación política ha formulado una serie de interrogantes dirigidas al Gobierno, enfatizando que los eventos deportivos de alto nivel en España ‘deben ser plenamente coherentes con los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario’, y deberían adherirse a los principios de ‘no discriminación, integridad y responsabilidad social’ estipulados en la Ley del Deporte.
Los representantes de Sumar recuerdan que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha establecido medidas cautelares respecto a las acciones de Israel en Gaza, ‘considerando plausibles las alegaciones de genocidio’ y mandando el cumplimiento de obligaciones específicas de prevención y de respeto al derecho internacional humanitario.
BLANQUEO DE CRÍMENES DE GUERRA
En este marco, califican de ‘inaceptable’ que en España se fomente o normalice a través de apoyos públicos ‘equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de blanqueo institucional de dichas actuaciones’.
Con respecto a La Vuelta, un evento con amplia audiencia internacional y gestionado por una entidad privada, Sumar afirma que es responsabilidad del Gobierno asegurar que cualquier apoyo público se condicione a ‘cláusulas éticas y de debida diligencia en derechos humanos’.
Estas cláusulas deberían excluir a los equipos que ‘por su financiación, denominación, imagen corporativa o posicionamientos públicos, contribuyan a blanquear crímenes internacionales o vulneraciones graves del derecho internacional humanitario’, según indica la coalición de izquierda.
En su petición, los legisladores de Sumar requieren al Gobierno que especifique detalladamente qué acuerdos de patrocinio, soporte institucional, cesión de imagen, subvenciones o facilidades públicas se mantienen para la actual edición de La Vuelta a España, incluyendo montos, entidades involucradas, duración y condiciones éticas aplicables.
Además, indagan si tales acuerdos contemplan cláusulas de debida diligencia en derechos humanos que permitan ‘limitar, condicionar o retirar el apoyo público’ si la organización incluye equipos asociados a Estados con medidas cautelares de la CIJ.
De manera explícita, Sumar plantea diversas cuestiones sobre el equipo Israel-Premier Tech: si el Gobierno demandará su exclusión mientras persistan las medidas cautelares de la CIJ; si ha habido comunicaciones formales con la Unión Ciclista Internacional y los organizadores de La Vuelta a este respecto; qué acuerdos de apoyo público o cesiones se mantienen actualmente con dicho equipo; y si se han implementado acciones para evitar que se promocione como ‘herramienta de propaganda blanqueadora de genocidio’.
El grupo también cuestiona al Gobierno sobre si, en caso de que la organización rechace la exclusión, retirará todo apoyo público a La Vuelta y promoverá un marco común con otros Estados miembros de la Unión Europea para condicionar patrocinios públicos en grandes vueltas ciclistas a estándares de derechos humanos.
Finalmente, Sumar interroga al Ejecutivo si tiene planes de aprobar un protocolo específico para eventos deportivos en España que establezca criterios de exclusión de equipos vinculados a graves violaciones de derechos humanos o al blanqueo institucional de crímenes internacionales, imponga cláusulas éticas obligatorias en cualquier convenio o patrocinio público y establezca un mecanismo de verificación independiente y transparente de los acuerdos.
