El portavoz adjunto de Sumar y representante de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha instado este lunes al PSOE a poner fin al bloqueo de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Información Clasificada, paralizado en la Cámara Baja desde julio del año pasado, con el objetivo de derogar la actual ley de secretos oficiales, aprobada en plena dictadura franquista.
Santiago ha manifestado su respaldo a las demandas de historiadores y especialistas en documentación que reclaman un mayor acceso a los fondos históricos del Ministerio del Interior y de otros departamentos. “Apoyamos la reivindicación de historiadores y documentalistas que piden acceder a los archivos históricos de Interior y otros ministerios”, ha señalado en la red social X, sumándose así a una carta abierta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un grupo de historiadores que reclama “un acceso democrático a la documentación histórica de los archivos” que custodia el Ministerio y que está recopilando firmas.
En dicha misiva, los firmantes, dedicados a la docencia y a la investigación en historia contemporánea, ciencia política y áreas afines, expresan su “preocupación por las dificultades persistentes” para consultar la documentación histórica conservada en el Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI). A su juicio, esta situación “frena el avance del conocimiento histórico y afecta al derecho de la ciudadanía a acceder a archivos públicos conforme a los estándares internacionales”.
Entre las peticiones concretas, reclaman que se lleve a cabo “de manera inmediata” la transferencia al Archivo General de la Administración de más de 6.000 cajas ya autorizada desde diciembre de 2024, que se garantice el acceso a este patrimonio documental en condiciones similares a las del resto de archivos estatales, que se difundan públicamente los instrumentos de descripción y consulta del archivo, que se agilice el procedimiento para solicitar documentación y que se “garantice la no retroactividad de la ley de secretos oficiales franquistas de 1968”.
El Ejecutivo reclama apoyos para derogar la ley franquista
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reiteró el pasado mes de marzo en el Senado el “compromiso” del Gobierno de derogar la Ley de Secretos Oficiales. Para ello, recordó que se ha enviado al Congreso un proyecto de Ley de Información Clasificada que prevé la desclasificación automática de documentos secretos transcurridos determinados plazos, con un máximo de 45 años para los catalogados como de alto secreto.
No obstante, Bolaños subrayó que el PSOE solo cuenta con 121 escaños en el Congreso, por lo que necesita cerrar acuerdos con otras formaciones para sacar adelante la nueva regulación. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado y, un mes más tarde, la Mesa del Congreso lo calificó formalmente. Desde entonces, el periodo de enmiendas se ha prorrogado hasta en 24 ocasiones y la tramitación sigue sin avanzar. En paralelo, continúa sin moverse en la Cámara otra proposición de ley del PNV para modificar la normativa sobre materias clasificadas.
Tras la desclasificación de todos los documentos secretos relativos al 23F, acordada por el Gobierno pese a que sigue en vigor la Ley de Secretos franquista, el presidente Pedro Sánchez volvió a apelar a los grupos parlamentarios para que este semestre se reforme la legislación preconstitucional actual. El objetivo, señaló, es fijar “un marco claro con criterios claros, con plazos, con procedimientos de revisión”, que sitúe a España “al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales”.