Sumar y los principales socios parlamentarios de Pedro Sánchez han presentado en el Congreso una iniciativa para que se ponga en marcha una investigación sobre los presuntos abusos, vejaciones y casos de suicidio registrados mientras miles de jóvenes cumplían el servicio militar obligatorio durante las décadas de 1980 y 1990, bajo gobiernos del PSOE.
La propuesta, en forma de proposición no de ley, lleva la firma de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y de las formaciones del Grupo Mixto Podemos, Compromís y BNG, y da continuidad a la vía abierta en el Parlament de Catalunya tras la emisión de un documental que sacó a la luz estos episodios.
El texto insta al Defensor del Pueblo a intervenir de oficio y a poner en marcha una investigación en profundidad, de alcance estatal, sobre la antigua 'mili', con el fin de aclarar las denuncias de vejaciones, malos tratos físicos y psíquicos, abusos y suicidios producidos en los cuarteles militares a lo largo de los años 80 y 90.
Los grupos impulsores sostienen que, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, entre 1983 y 2001 se registraron más de 300 suicidios en las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, recuerdan que distintas investigaciones y colectivos de familiares consideran que esa cifra podría ser mayor si se incluyeran fallecimientos catalogados como accidentes.
Impunidad, negligencia y reparación a las víctimas
Para los proponentes, estos datos reflejan una posible situación de impunidad y de negligencia institucional que nunca ha sido sometida a una investigación rigurosa en todo el Estado. Plantean que el propósito de la iniciativa es determinar eventuales responsabilidades institucionales y revisar los mecanismos de supervisión que existían en el periodo analizado.
En la parte final, la proposición exige que, una vez se esclarezcan y acrediten los hechos, “el Estado impulse el reconocimiento público de las víctimas y establezca mecanismos de reparación moral, simbólica y económica, así como asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para las personas afectadas y sus familias, con el objetivo de garantizar memoria, verdad y no repetición”.