Sumar, integrante del Gobierno, y ERC, uno de los apoyos clave de la investidura de Pedro Sánchez, han solicitado que el Ministerio del Interior garantice el acceso público a los fondos de sus archivos y que remita al Ministerio de Cultura aquellos documentos que tengan consideración de históricos.
Ambas formaciones han trasladado estas demandas al Congreso a través de iniciativas parlamentarias a las que ha tenido acceso Europa Press, registradas tras conocer las quejas de investigadores universitarios y de víctimas de la dictadura por las trabas para consultar la documentación del Archivo General del Ministerio de Interior (AGMI), donde siguen conservándose fondos procedentes del antiguo Ministerio de Gobernación.
Las dos fuerzas señalan problemas para localizar información que, de acuerdo con la normativa vigente, ya debería haber sido remitida a los archivos históricos dependientes de Cultura, así como restricciones en el acceso derivadas de una “regulación interna obsoleta y restrictiva” que entra en conflicto con la Ley de Transparencia y la Ley de Memoria Democrática. También critican los retrasos prolongados en la contestación a las peticiones de consulta, que superarían los plazos fijados por la ley.
En su proposición no de ley, que está prevista para su debate el martes en la Comisión de Interior del Congreso, ERC subraya que la Ley de Patrimonio Histórico establece un límite general de 50 años para la consulta libre de documentos, siempre con las garantías necesarias de protección de datos personales.
El diputado Francesc Marc Álvaro Vidal destaca que la reciente efeméride de los 50 años del inicio de la Transición “debería haber supuesto la plena apertura de la mayor parte de la documentación generada durante la dictadura franquista”, pero, según denuncia, esto no ha ocurrido, ya que “persisten obstáculos significativos que dificultan el acceso efectivo a estos fondos”.
Críticas por opacidad y reclamación de transferencias
ERC describe “un escenario de opacidad incompatible con los estándares democráticos y con las obligaciones legales del propio Estado”, especialmente tratándose del ministerio responsable de “la represión política y policial” durante la dictadura.
“Esta opacidad choca con las supuestas intenciones del principal partido del Gobierno en relación con lo respectivo a la recuperación de la memoria democrática con la reciente desclasificación de documentos relativos al 23F”, añade la formación, insistiendo en que es imprescindible adoptar medidas para asegurar la correcta conservación de los fondos y un acceso en igualdad de condiciones respecto a otros archivos públicos.
En este marco, ERC reclama la transferencia “progresiva y completa” de la documentación histórica custodiada en el Archivo General del Ministerio del Interior hacia los archivos históricos competentes, en aplicación de la normativa archivística en vigor.
Además, plantea la necesidad de adecuar las normas internas del archivo a lo establecido en las leyes de Transparencia y Memoria, garantizar el cumplimiento de los plazos legales de respuesta a las solicitudes de acceso, permitir la consulta pública de los instrumentos de descripción archivística para facilitar la localización de los fondos y establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre todos estos aspectos.
Digitalización, acceso en línea y posible censura
Esquerra considera igualmente necesario impulsar un plan específico de digitalización y consulta en línea de los fondos documentales relacionados con la dictadura franquista, dando prioridad a aquellos de mayor interés para la investigación histórica y la reparación de las víctimas.
Por su parte, la portavoz adjunta de Sumar y diputada de los Comunes, Aina Vidal, ha registrado varias preguntas parlamentarias para aclarar si Interior conoce las quejas de investigadores y víctimas, así como las posibles vulneraciones de la normativa sobre memoria democrática, transparencia y patrimonio histórico.
Vidal señala que hay investigadores que han denunciado recibir documentación con nombres tachados de presos, funcionarios o directores de prisiones, y exige explicaciones al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
“¿Está el Ministerio censurando parte de los documentos que se entregan al personal investigador, académico o a las familias solicitantes ocultando información necesaria para realizar su labor?”, cuestiona directamente la diputada de Sumar, antes de reclamar que se adopten “medidas inmediatas” para poner fin a esta situación.