IU, Comunes, Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca y Movimiento Sumar van a registrar mociones en los consistorios donde cuentan con representación con el objetivo de instar a la declaración de zonas tensionadas de vivienda, fijar topes a los precios del alquiler, vetar la compraventa de viviendas con fines meramente especulativos y sacar adelante la prórroga de los contratos de arrendamiento que vencen a lo largo de este año.
Estas seis fuerzas, que comparten grupo parlamentario en el Congreso, pretenden trasladar sus principales demandas en política de vivienda al ámbito local, defendiendo que hacen falta actuaciones urgentes ante la crisis habitacional actual.
“La vivienda constituye hoy el epicentro de la mayor desigualdad social en España y los datos demuestran que el comportamiento especulativo del mercado inmobiliario es precisamente lo que dificulta el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada”, exponen estos seis partidos a través de la moción consensuada que llevarán a los ayuntamientos.
Movimiento Sumar, IU, Comunes, Más Madrid, Compromís y Més per Mallorca quieren “hacer efectiva la función social de la vivienda y garantizar el derecho a una vivienda digna”, ante lo cual es “imprescindible” tomar iniciativas.
En la moción detallan que el 45% de quienes viven de alquiler está en riesgo de pobreza y exclusión social y que la vivienda se ha convertido en el elemento que “genera mayor distancia entre rentas”. Además, subrayan que, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renta de los propietarios es un 82% más alta que la de los arrendatarios.
Asimismo, advierten de que cerca de tres millones de personas inquilinas podrían quedar en una “situación de absoluta incertidumbre y desamparo” si no se amplían sus contratos, ante el dilema de “aceptar potenciales subidas prohibitivas en los precios del alquiler o tener que mudarse lejos de aquellos barrios y ciudades donde tienen su vida”.
Sumar ya planteó este conjunto de medidas el pasado octubre mediante la presentación a PSOE de un borrador de decreto para su aprobación en el seno del Gobierno, con especial atención a la extensión extraordinaria de los contratos de alquiler.
No obstante, su socio de coalición ha ignorado esta petición y ha preferido anunciar bonificaciones fiscales en el IRPF para los caseros que decidan no elevar las rentas, una propuesta que ha recibido duras críticas por parte de Sumar, que ha llegado a advertir de que no la respaldará.