Miguel Tellado, secretario general del PP, ha calificado el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a la ley de amnistía como un “nuevo varapalo” para el ejecutivo de Pedro Sánchez, argumentando que esta normativa entra en conflicto con el derecho europeo. Según Tellado, este hecho evidencia el desmoronamiento del ‘sanchismo’.
La reacción no se ha limitado a Tellado; gran parte de la dirección del PP ha manifestado su desacuerdo con la ley, señalando que “choca con los principios del Derecho de la Unión” tras la publicación del informe. Por otro lado, el Gobierno ha defendido la resolución como una “victoria rotunda”, según declaraciones del ministro Félix Bolaños, quien sostiene que el tiempo justificará su postura.
El abogado general del TJUE ha señalado que ciertos aspectos de la ley, como el plazo de dos meses para decidir la aplicabilidad de la norma a casos concretos, pueden ser contrarios al derecho comunitario. No obstante, ha descartado que la ley constituya una ‘autoamnistía’ o que afecte a la legislación de la UE en materias como la lucha contra el terrorismo o los intereses financieros de la Unión.
TELLADO: “TODO EL SANCHISMO SE DESMORONA”
Tras conocerse el informe, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, confirmó que el abogado general “ratifica” la vulneración del Estado de Derecho por parte de la ley de amnistía, calificándola de ‘autoamnistía’ y señalando que fue diseñada para facilitar la investidura de Sánchez.
Por su parte, Ester Muñoz y Dolors Montserrat, desde el PP, han coincidido en que la ley contraviene principios esenciales del Derecho de la Unión y han destacado las advertencias del TJUE sobre posibles injerencias en el Estado de Derecho, incluyendo riesgos para la independencia judicial y la separación de poderes.
Elías Bendodo y Carmen Fúnez también han criticado duramente la amnistía, destacando su inconstitucionalidad y los riesgos que supone para la independencia judicial, mientras que Alma Ezcurra ha enfatizado que la ley no representa un ‘reencuentro’, sino un atajo peligroso para la justicia.