QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La recién designada fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha formalizado este miércoles su toma de posesión ante el Rey Felipe VI en un acto institucional celebrado en el Palacio de la Zarzuela, al que han acudido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
La ceremonia, encabezada por el jefe del Estado, se ha desarrollado en el Salón de Audiencias del Palacio, apenas un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el nombramiento de Peramato. Durante el acto, la nueva fiscal general ha prometido su cargo ante un ejemplar de la Constitución en edición facsímil del texto original de 1978.
En el momento central del juramento, Peramato ha pronunciado la fórmula solemne: “Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”, leyendo sobre el volumen constitucional abierto por el artículo 124, dedicado al Ministerio Fiscal.
Dicho precepto, sobre el que la nueva fiscal general no ha llegado a posar la mano, establece que el Ministerio Fiscal “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados”, además de “velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
Entre las autoridades presentes se encontraban el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que actuaba como notario mayor del Reino; la presidenta del Congreso, Francisca Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, junto a otros altos cargos institucionales.
Peramato releva en el puesto a Álvaro García Ortiz, quien presentó su dimisión después de que el Tribunal Supremo (TS) le impusiera una condena de dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo por la revelación de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La nueva responsable de la Fiscalía atesora 35 años de trayectoria profesional, marcada especialmente por su dedicación a la lucha contra la violencia de género y por su perfil progresista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la carrera fiscal en 1990 y pasó por las fiscalías de Tenerife, Valladolid y Barcelona antes de incorporarse a Madrid, donde en 2005 fue designada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, convocada para evaluar sus méritos y la idoneidad para el puesto, se comprometió a “sanar” la “herida” abierta en el Ministerio Público tras la condena a García Ortiz, aunque declinó pronunciarse sobre lo que el PP ha descrito como “ataques” al Tribunal Supremo a raíz de la sentencia sobre su antecesor. “No hago valoraciones”, respondió entonces.
