En 2023 el Partido Popular presentó en 2023 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas acordadas por la Mesa del Congreso a un proyecto de ley. En concreto, al derivado de un real decreto-ley para gestionar fondos europeos por la Covid-19 que acumuló 71 ampliaciones del plazo de enmiendas entre 2021 y 2022.
A la espera de que el TC se pronuncie, se ha conocico que en el informe técnico de la Fiscalía, el Ministerio Público se muestra favorable a estimar el amparo. En su escrito, considera que la reiteración de prórrogas sin motivación podría haber vulnerado el derecho de los diputados a ejercer su función en condiciones de igualdad. En particular, apunta a una posible vulneración del derecho de participación política reconocido en la Constitución.
art. 23.2
La Constitución prevé en su artículo 23 que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha interpretado que este artículo incluye el llamado “ius in officium”, es decir, el derecho de los representantes a ejercer plenamente sus funciones (presentar enmiendas, debatir, votar, impulsar iniciativas, etc.).
El Partido Popular denunció esta práctica como una forma de bloqueo parlamentario, al impedir el avance de la iniciativa legislativa. La Fiscalía coincide en que la reiteración de ampliaciones sin justificación suficiente puede desvirtuar el procedimiento legislativo y alterar el equilibrio entre los grupos.
Aunque el criterio de la Fiscalía no es vinculante, su posición refuerza la tesis del recurso y será tenida en cuenta por el TC, que deberá decidir ahora si admite el amparo y si considera que se produjo una vulneración de derechos fundamentales.
"Rehén de una minoría"
Por su parte, para la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, la decisión de la Fiscalía confirma que “el Legislativo está secuestrado, que el Congreso es rehén de una minoría variable que bloquea lo que no le conviene y aprueba lo que el Gobierno necesita”.
Azcurra también ha recordado que la Mesa de la Cámara Baja, con Francina Armengol al frente sigue manteniendo "40 iniciativas del PP bloqueadas, incluidas, bajadas de impuestos y medidas antiokupación".