QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, comparecerá este martes ante la comisión mixta Congreso-Senado para exponer los informes de fiscalización relativos a los gastos electorales de los partidos en las elecciones generales de julio de 2023 y en las europeas de 2024. En esos documentos se formulan advertencias y correcciones a varias formaciones, entre ellas Vox, Junts y Se Acabó la Fiesta (SALF), la agrupación de Luis ‘Alvise’ Fernández.
En el informe sobre los comicios generales, el Tribunal de Cuentas planteó al Ministerio del Interior una minoración de 208.299,26 euros en las subvenciones correspondientes a los gastos de campaña declarados por distintos partidos, tras detectar irregularidades o carencias en su justificación.
Esa rebaja afectaba a seis formaciones que concurrieron a las elecciones: el PSOE (7.139,98 euros) y el PSC (54,85 euros), Sumar (7.418,86), UPN (11.261,46), Vox (3.915,70) y Junts, que encabeza el listado con un recorte propuesto de 178.508,41 euros.
Retrasos de Junts en el pago a proveedores
En el caso del partido de Carles Puigdemont, la penalización deriva de haber excedido el plazo máximo de 90 días para abonar a sus proveedores facturas por un total de 1.785.084,06 euros, lo que supone un incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Según el órgano fiscalizador, Junts concentra los 1,99 millones satisfechos fuera de plazo por los partidos a sus proveedores, y la reducción de la subvención equivale al 10% de lo abonado con retraso.
El mismo tipo de incumplimiento se repite en el informe sobre los gastos de campaña de las elecciones europeas de 2024, donde se propone un nuevo recorte de alrededor de 82.000 euros en las subvenciones solicitadas por la formación independentista.
Ese informe de las europeas debía ser el primero en el que se examinaran las cuentas de la agrupación electoral del eurodiputado Alvise, pero el Tribunal no pudo hacerlo porque SALF se negó a entregar su contabilidad, vulnerando las obligaciones establecidas en la normativa electoral.
Alvise rehúsa rendir cuentas
Al no recibir ninguna documentación de SALF, el Tribunal de Cuentas quedó imposibilitado para determinar si su financiación respetó los topes legales y las prohibiciones de donaciones previstas en la legislación aplicable a los partidos políticos.
Ante esta situación, el órgano fiscalizador comunicó al Ministerio del Interior que, dado que SALF no presenta su contabilidad, no procede abonar ninguna subvención pública que pudiera corresponderle. Y ello pese a que, en función de sus resultados, habría podido percibir 97.526,22 euros por los tres escaños obtenidos y más de 864.000 euros por los votos logrados, superando en conjunto el millón de euros.
En lo que respecta a Vox, el Tribunal de Cuentas advierte en ambos informes de fiscalización de que la entidad húngara utilizada para financiar sus campañas electorales incumple la obligación de remitirle una comunicación detallada de la operación crediticia para verificar su adecuación a la normativa española.
Créditos de un banco húngaro a Vox
En el informe sobre las elecciones europeas de junio de 2024, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas detalla que Vox, para sufragar sus gastos de campaña, obtuvo un préstamo de siete millones de euros (6.594.956 euros tras la retención de 405.044 euros como depósito) del banco húngaro MBH Bank Nyrt, vinculado al primer ministro Viktor Orban, socio de Vox en el Parlamento Europeo.
En la campaña de las generales de 2023, la formación de Santiago Abascal declaró haber dispuesto de seis millones de euros procedentes de un crédito de 6,5 millones formalizado con la misma entidad financiera.
Sin embargo, en ambos procesos electorales el banco húngaro incumplió el artículo 133.3 de la LOREG, que le obliga a remitir al Tribunal «noticia detallada» del crédito entre los 100 y 125 días posteriores a la jornada electoral, trámite que no llevó a cabo.
Al no disponer de esa información, el Tribunal advierte de que «no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y órganos, entidades o empresas públicas extranjeras».
La Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe de forma expresa en su artículo 7.2 aceptar «ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos».
El PSOE pide una fiscalización especial y el PP tiene la llave
Este crédito fue uno de los argumentos utilizados por el PSOE para presentar una denuncia contra Vox ante la Fiscalía, que finalmente fue archivada. En todo caso, los socialistas defenderán este martes en la misma Comisión Mixta una iniciativa para que el Tribunal de Cuentas lleve a cabo una fiscalización especial sobre la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, correspondiente a los últimos cinco ejercicios, de 2020 a 2025.
Las fundaciones ligadas a partidos políticos, aunque son entidades privadas, ya están sometidas a un control anual del Tribunal de Cuentas en la medida en que perciben fondos públicos.
En la última revisión ordinaria, referida al ejercicio 2020, año de creación de la Fundación Disenso, esta comunicó haber recibido 370.000 euros de Vox, sin ingresos por subvenciones públicas y, según el Tribunal, cerró el ejercicio con un patrimonio negativo de 78.020,23 euros.
La propuesta del PSOE plantea que el Tribunal de Cuentas elabore con carácter urgente un informe de Fiscalización Especial sobre las cuentas de ingresos y gastos de la fundación de Vox en el periodo 2020-2025, «analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación», de acuerdo con el escrito recogido por Europa Press.
Con esta iniciativa se pretende profundizar en las acusaciones de varios exdirigentes de Vox en Baleares, que denunciaron un supuesto desvío de recursos de los grupos parlamentarios hacia la fundación de Abascal, al que acusan de querer «forrarse». Desde Vox sostienen que esas aportaciones de los grupos institucionales son prácticas habituales en todas las formaciones y rechazan cualquier irregularidad.
La decisión definitiva, que llegará en plena campaña electoral en Extremadura, dependerá del PP, mayoría en la comisión mixta y cuyo voto resultará determinante.
