Bruselas ha emitido una advertencia al Gobierno de España, otorgándole un plazo de dos meses para adecuar su legislación a las normativas europeas destinadas a fortalecer la seguridad de infraestructuras críticas, normas que debían ser aplicadas desde octubre del año anterior. De no cumplir en este tiempo, la Comisión Europea considerará llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para demandar una sanción.
Este aviso se presenta en forma de dictamen motivado, siendo la segunda etapa de un procedimiento de infracción que incluye tres fases. Este proceso da a España dos meses para atender este serio aviso y ejecutar las acciones requeridas. Además, Bruselas amenaza con llevar el asunto ante la Justicia europea si no se solucionan las discrepancias, con el objetivo de imponer una multa al país infractor.
La directiva actualizada, que trata sobre la resiliencia de las entidades críticas, debía estar implementada en todas las legislaciones nacionales a más tardar el 17 de octubre. Sin embargo, España, junto con otros doce países, no ha cumplido con esta exigencia y también enfrenta el mismo proceso sancionador.
Desde la Comisión Europea se subraya que la nueva regulación moderniza y completa las normas existentes sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas, así como la evaluación de la necesidad de intensificar su protección.
La Unión Europea busca con estas medidas asegurar la continuidad de los servicios esenciales para la sociedad y la economía en sectores críticos incluyendo energía, transporte, salud, agua, banca e infraestructuras digitales, incrementando la capacidad de resistencia de estas entidades frente a amenazas como desastres naturales, ataques terroristas, amenazas internas y sabotaje.
Por lo tanto, los servicios comunitarios recalcan que la ‘rápida’ transposición de la directiva es ‘esencial’ para alcanzar esta meta común en los 27 países miembros, y ahora otorga dos meses a los estados en cuestión para corregir su demora. De no actuar adecuadamente, la Comisión puede decidir someter los casos al TJUE y buscar sanciones financieras.