María Amparo López Boluda, una de las operadoras que atendió las llamadas del teléfono de Emergencias 112 de la Comunidad Valenciana durante la dana del 29 de octubre de 2024, ha contradicho este lunes la versión del entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, imputado en la causa penal, al afirmar que “es absolutamente imposible” que desde su departamento no se remitiera información al Cecopi. “Uno tiene que estar muy anestesiado para no saber qué está pasando”, ha remarcado.
La compareciente ha intervenido en la comisión del Congreso que analiza la gestión de la riada que causó 230 fallecidos solo en la provincia de Valencia, donde ha detallado que la sala de recepción de llamadas se ubica en un edificio anexo a aquel en el que se reúne el Cecopi convocado ese día.
El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, le ha pedido que valorase la tesis defendida por Argüeso ante el juez, según la cual en el Cecopi no recibían información procedente del 112. López Boluda fue llamada entonces como personal “de refuerzo” por la “preemergencia” y ha subrayado que en esa jornada “estuvieron trabajando todos los efectivos”.
López Boluda ha subrayado que, de acuerdo con la normativa valenciana, el Cecopi debe activarse cuando se declara una “preemergencia” como la de aquella alerta roja, lo que implicaba una situación “excepcional”. “Hay que estar muy anestesiado como para no saber para qué está constituida esa reunión”, ha reiterado.
En este escenario, ha indicado que en episodios de este tipo “todo está protocolizado” porque “no cabe dar pie al error” y que toda la información que entra se traslada a las distintas agencias —colaboran con 123—, entre ellas Emergencias de la Generalitat (Emergen), que, a su entender, “estuvo haciendo su trabajo muy bien”.
“O sea, que esa información la tenían”, ha sostenido, al tiempo que ha reconocido que le “sorprende” que, a partir de ahí, no se diera un “paso más”, ya fuera por “desconocimiento” o por cualquier otra razón.
MÁS RECURSOS Y NO SUBCONTRATAS
Ibáñez también le ha planteado si en el servicio supieron que Argüeso habría utilizado su responsabilidad institucional para “preocuparse por casos particulares cercanos a él”. La testigo ha apuntado que así se ha manifestado en sede judicial por una persona que estaba “bajo promesa o juramento de decir la verdad”.
Además, López Boluda ha exigido un refuerzo de medios y de plantilla y la eliminación de las subcontrataciones, como la empresa que actualmente gestiona el 112. “Deberíamos ser personal cuidado y directamente dirigido por la Administración”, ha manifestado, criticando que se rigen por un “convenio de contact center”.
“Somos profesionales de las emergencias y no creo que en ese convenio contact center haya cabida para nosotros. Estamos ahí porque, no sé, en algún momento nadie supo ponernos en otro sitio”, ha concluido.