El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso, Alberto Catalán, llevará este martes al Pleno una proposición de ley para modificar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones, con el objetivo de impedir que personas condenadas por delitos de terrorismo puedan acceder a ayudas públicas o a empleos en la Administración que impliquen trato directo con menores.
La propuesta, que se debatirá y votará el próximo martes, plantea añadir un apartado 4 al artículo 56 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ese nuevo punto fijaría como requisito específico para presentarse a procesos selectivos de puestos con contacto habitual con menores el no haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito de terrorismo recogido en el Código Penal español o en el de otros Estados miembros de la Unión Europea.
En el ámbito de las subvenciones, la iniciativa incorpora un apartado 3 Bis al artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, para dejar claro que “en ningún caso” podrán obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora las personas físicas condenadas por sentencia firme por cualquiera de esos delitos. La misma limitación se aplicará a las personas jurídicas que tengan en plantilla o subcontraten actividad con personas físicas o jurídicas que se encuentren en esa situación, tanto en España como en cualquier otro país de la Unión Europea.
El texto, recogido por Europa Press, añade que las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones deberán reflejar de forma expresa esta prohibición para ser beneficiario o entidad colaboradora. Para demostrar que no se incurre en dicha causa de exclusión, se exigirá un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados de todas las personas que vayan a ejecutar directamente o a participar en la realización de los proyectos y actividades financiados.
IMPEDIR QUE ETARRAS DEN CLASES EN UN INSTITUTO
En la exposición de motivos, UPN recuerda que el terrorismo, que España ha sufrido “de forma especial” por los atentados de la banda terrorista ETA y del yihadismo islamista, provoca “efectos devastadores” en las sociedades que lo padecen y subraya que sus consecuencias, más allá de las víctimas directas, “afectan a la convivencia dejando huellas difíciles de superar”.
La formación incorpora datos de Covite, que contabilizó 421 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2024, y destaca que, según esta asociación, “la legitimación de ETA sigue muy presente en el espacio público”.
La proposición sostiene que las administraciones públicas deben garantizar que los empleados públicos reúnen los requisitos necesarios para desempeñar su función de forma adecuada y que quienes trabajan con menores dispongan de “la necesaria autoridad ética y moral”, por lo que considera que “no resulta lógico ni conforme con los valores democráticos encargar estas tareas a personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo”.
Como ejemplo, Unión del Pueblo Navarro menciona la contratación de un condenado por pertenencia a ETA como profesor en el Instituto Valle del Ebro de Tudela y recalca que no es la primera vez que se produce una situación similar “sin que se hayan adoptado los cambios legales necesarios que lo impidiesen”.
La iniciativa concluye que un pasado vinculado a acciones terroristas debe “inhabilitar moral y éticamente” para impartir docencia y asumir la responsabilidad del desarrollo educativo de niños y jóvenes. Añade que, con la regulación vigente, no se ha podido evitar que esa persona accediera al contrato y esté dando clase, algo que califica de “lamentable, contrario a la convivencia y humillante para las víctimas”.