El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha pedido que el nuevo modelo de financiación autonómica concrete “un suelo fiscal que combata el 'dumping' mediante condiciones a los impuestos que gravan la riqueza”.
Ha advertido de que “no podemos volcar 21.000 millones de euros más al sistema de financiación autonómica y que esos recursos los utilicen algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, para eliminar impuestos a los más ricos”, según ha manifestado ante los medios en la Delegación del Gobierno en Catalunya, en Barcelona.
Urtasun ha remarcado que el Ejecutivo ya impulsó el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas con el objetivo de evitar que el impuesto de patrimonio fuera suprimido por determinadas comunidades autónomas, y ha avisado al PP de que el Gobierno “no va a permitir que se utilicen” esos fondos adicionales para suprimir tributos a las rentas más altas.
Ha señalado que “Catalunya ha sufrido que algunas comunidades autónomas del PP hayan aplicado un 'dumping' sistemático eliminando impuestos como el de patrimonio, el de sucesiones o el de donaciones”.
“Gana todo el mundo” con el acuerdo
Al mismo tiempo, ha valorado el acuerdo de financiación, que considera muy beneficioso tanto para Catalunya como para el conjunto de comunidades autónomas, y ha afirmado que “corrige la infrafinanciación crónica de la Generalitat”.
“Estamos ante una propuesta donde gana todo el mundo y sobre todo ganan los ciudadanos de este país, porque financiar bien las comunidades autónomas significa financiar bien los servicios públicos”, ha añadido.
Ha puesto en relieve que “va a haber mayor autonomía fiscal y soberanía fiscal de las comunidades autónomas para que puedan ejercer mejor sus competencias” y ha enfatizado la importancia de los mecanismos de solidaridad destinados a compensar las diferencias de renta entre territorios.
Por su parte, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido este viernes que el nuevo modelo de financiación autonómica respeta el principio de ordinalidad en el caso de Catalunya, por el cual las comunidades que más aportan al sistema común siguen siendo las que más recursos reciben.