Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. “Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital”, enfatizó el presidente del Gobierno. Unas palabras que parecen resueltas a impedir el acceso a porno a los jóvenes. Sin embargo, ¿es esto posible? La limitación se circunscribe a las redes sociales, pero el flujo de pornografía excede los límites de esas plataformas. ¿Qué ocurre con las páginas web de contenido para adultos?
El PSOE impulsará la prohibición de acceso a través de una enmienda transaccional al proyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales –elaborado principalmente desde el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego (Sumar)–. La iniciativa se encuentra en plena tramitación parlamentaria, pendiente de constituir ponencia, y uno de los puntos calientes a pulir es cómo se impedirá que los jóvenes accedan a contenidos para adultos.
Pin parental, un dique con fisuras
El proyecto de Ley de protección de menores en entornos digitales contempla establecer un control parental a todos los dispositivos con acceso a internet. Teléfonos móviles, tablets, ordenadores y televisores inteligentes deberán integrar un sistema eficaz para que los menores de 16 años no puedan acceder. ¿O sí podrán? La clave está en que ese pin parental no es más que un cortafuegos, de manera que, si el menor consigue la autorización de sus padres, tendrá pleno acceso.
El anuncio de Sánchez cristalizaría (en caso de prosperar, pues no solo depende de su voluntad sino de un Parlamento fragmentado) en una “prohibición expresa” con un nuevo artículo al proyecto de ley. No obstante, dicha “prohibición expresa” se limitaría a las redes sociales, no así al acceso a Internet. En consecuencia, los jóvenes podría seguir consumiendo porno con cierta facilidad, toda vez que consigan el consentimiento previo de sus progenitores y/o tutores legales.
El pulso del sector: fabricantes u operadores
El consenso político es que los terminales con conexión a internet deben integrar un sistema eficaz de pin parental, la cuestión a resolver es sobre quién recae tamaña responsabilidad, si sobre los fabricantes o sobre los operadores. Además, existen dudas con respecto al momento de su configuración. El sector, PNV y Junts (mediante respectivas enmiendas) apuestan por ofrecer la posibilidad de configurarlo al arrancar el dispositivo y no que venga activado por defecto. De igual forma, se valora extender las mismas obligaciones que se exigen a los fabricantes a los proveedores de programas informáticos (software).
“Ejercicio explícito de la violencia”
Una de las patas que sostienen la oportunidad de la medida para Sánchez es el acceso de los menores al porno, aspecto sobre el que existen infinidad de estudios sobre las consecuencias en edades tempranas a la exposición de este tipo de contenidos.
Según datos del Ministerio de Igualdad, el 97,3% de los jóvenes de 16 años y el 78,3% de las jóvenes ya han buscado pornografía en internet. De hecho, la edad media del primer acceso a estos contenidos se sitúa en los 10,4 años y 3 de cada 10 menores consumen porno todas las semanas.
En 2023, Save the Children, la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria (SEPEAP) elaboraron el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia en el que, sin ambages, afirman que los ejemplos que los niños y las niñas obtienen de la pornografía hacen que, “cuando inician las relaciones sexuales, tiendan a seguir patrones de comportamiento sexual sin consentimiento”.
“La visualización de pornografía hace que los y las adolescentes consideren que esas prácticas, en ocasiones violentas, sin consentimiento, en grupo, insatisfactorias para las mujeres e incluso aberrantes, son lo habitual en la relación de pareja”, explica Dolors Canadell, representante de la AEP.
Según este estudio, “el aspecto más peligroso de la pornografía es, además del ejercicio explícito de la violencia, el no precisar y ni siquiera plantear, la necesidad de dar el consentimiento. En muchas ocasiones las mujeres no expresan su beneplácito e incluso aparecen experimentando desagrado o dolor, sin que esto altere el desarrollo de la escena”.
Otro informe, en este caso del Área de Colegios CEU, incluía la Guía para las familias ante la realidad de la pornografía, en la que se manifiesta que “la exposición temprana a la pornografía afecta negativamente el desarrollo emocional y académico”. Según investigaciones recogidas en el texto, “la pornografía impacta en las funciones ejecutivas del cerebro, que son clave para la toma de decisiones, el control de los impulsos y el comportamiento”.
Los adolescentes que consumen pornografía con frecuencia, agregan, “tienden a desarrollar una desconexión emocional, lo que perjudica sus relaciones y fomenta una visión distorsionada de la sexualidad. Esto puede aumentar el riesgo de involucrarse en conductas sexuales peligrosas y favorecer actitudes violentas hacia las parejas”.
Un tercer trabajo en forma de infografía –desarrollada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Colegio Oficial de Psicología de Madrid– indica que el acceso de los menores a la pornografía “crea expectativas irreales y creencias erróneas sobre la sexualidad, normaliza y favorece la violencia sexual y aumenta las conductas sexuales de riesgo”.
Plataformas digitales
El anuncio del gobierno español de vetar el acceso a las redes sociales a menores de 16 años ha provocado una respuesta inmediata del multimillonario dueño de X, Elon Musk, y del fundador y CEO de Telegram, Pável Dúrov. No les han gustado alguna de las medidas, como la puesta en marcha de nuevas herramientas legales para actuar contra las plataformas digitales y sus directivos que no retiren contenidos “de odio e ilegales”. Según Sánchez, “difundir odio debe acarrear consecuencias legales, económicas y éticas, que las plataformas ya no se podrán permitir ignorar”.
A este respecto, el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, aprobado el pasado 25 de marzo en el Consejo de Ministros, ya recoge la obligatoriedad de las multinacionales tecnológicas de implantar en todos los dispositivos un control parental gratuito por defecto, que permita a los tutores legales restringir y controlar el acceso de dichas personas a servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para menores, cuya activación debe producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del equipo terminal. Asimismo, incluye la puesta en marcha y la obligatoriedad de las plataformas de incorporar sistemas efectivos de verificación de la edad.
Para la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, hay que poner el foco especialmente en la responsabilidad de las plataformas y las grandes empresas tecnológicas para que pongan en marcha todos los instrumentos y medidas necesarias para cumplir este fin.
En el entorno digital, añaden fuentes ministeriales, “ha regido hasta ahora la ley de la selva, pero este Ministerio y este Gobierno van a regular este espacio para salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de evitar que la industria tecnológica siga haciendo caja con los derechos de las personas menores de edad”.
‘Deepfakes’
Otro punto relevante de esa futura Ley es el que se refiere a la reforma del Código Penal para penalizar tanto los deepfakes (ultrafalsificaciones usando el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento) de contenido sexual, como el grooming (el engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia, sobre todo en términos de edad), que será un agravante para ciertos delitos sexuales.
Se incorpora también la pena de prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales, que evitará, en gran medida, tanto la revictimización como la reincidencia.
De hecho, a principios de enero, Sira Rego remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue a Grok, la inteligencia artificial de X (antes Twitter), por presuntos delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia.
La pretensión se basa en lo publicado por diversos medios acerca de que esta IA habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra personas menores de edad, “una práctica que no puede entenderse como un uso neutro de la tecnología y que podría suponer un delito de pornografía infantil, tal y como está recogido en el Artículo 189 del Código Penal, así como un delito contra la integridad moral (Artículo 173 del Código Penal)”, detallaron desde el Ministerio.