El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, que estuvo contratado por la empresa navarra Servinabar, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado debido a su situación procesal en el caso Aznalcóllar.
Fernández ha declinado responder al interrogatorio de los senadores argumentando que se encuentra procesado en la causa judicial por el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar durante su etapa como secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía.
De hecho, fue la reapertura de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla lo que precipitó su dimisión como presidente de la SEPI en 2019.
Se da la circunstancia que este juicio, que trata de dilucidar si durante el proceso de adjudicación se incurrió en presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude, quedó visto para sentencia la semana pasada.
«Sintiéndolo mucho, puesto que mi voluntad sería la de colaborar con el Senado en el esclarecimiento y en atender a todas las preguntas que ustedes quisieran formularme, en tanto en cuanto continúe con este estatus procesal, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar», ha señalado el expresidente de la SEPI.
En concreto, Fernández ha aducido que pese a que la conexión entre el objeto de la comisión y el caso Aznalcóllar es «mínima», la acusación particular en su juicio «ha esgrimido cuestiones que se han ventilado o que se han tratado en esta comisión».
Durante la hora y media de interrogatorio, los senadores de los distintos grupos se han interesado por los motivos por los que fichó por Servinabar y también le han preguntado sobre si conoció la exmilitante del PSOE Leire Díez, a los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos o al exasesor ministerial Koldo García.