Dos de las asociaciones más representativas de afectados por la dana, la Associació Víctimes de la DANA 29 d’octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O, han trasladado al ‘president’ de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que solo aceptarán sentarse con él si antes reclama el acta de diputado a Carlos Mazón.
Las entidades han hecho pública esta exigencia en un comunicado difundido este sábado, después de conocerse el contenido de los mensajes de WhatsApp intercambiados el día de la dana por la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, con el ya expresidente Carlos Mazón y con quien fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca. Pradas ha entregado a la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana un listado con estas conversaciones, en una investigación en la que figura como investigada.
En uno de esos mensajes, en los que la exconsellera advertía a Mazón a primera hora de que «preocupa» el barranco del Poyo, el entonces jefe del Consell le contestó: «Cojonudo». Además, a las 16.28 horas, Pradas remitió otro mensaje al jefe de Gabinete del expresidente en el que le informaba de que les habían trasladado la existencia de un fallecido en Utiel (Valencia).
Los colectivos, que se cuestionan si desde el Consell «dejaron morir» a sus allegados, reclaman a Pérez Llorca «medidas políticas y transparencia inmediata» y sitúan como primer paso que exija a Carlos Mazón la renuncia a su escaño. «Sin este paso, no podemos valorar una hipotética reunión», han avisado.
Al mismo tiempo, piden la «ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año» porque, sostienen, «nuestra sociedad no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten».
Exigen ceses en el Consell
Las asociaciones reclaman también «la retirada de confianza y el cese de quienes han defendido públicamente esta versión» y, en consecuencia, la destitución de «todas las personas que han sostenido y repetido una explicación que las pruebas contradicen», citando expresamente a la vicepresidenta primera, Susana Camarero, al conseller de Hacienda y Economía, José Antonio Rovira, y al titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.
Igualmente, instan al Consell a una «colaboración plena» con el juzgado que investiga los hechos y a que «todas las personas citadas y los cargos implicados colaboren sin reservas con la instrucción en curso y faciliten toda la documentación y acceso a dispositivos y registros que permitan esclarecer la cadena de decisiones del 29 de octubre».
“Absolutamente indignadas” por los mensajes
Las asociaciones de víctimas se declaran «absolutamente indignadas» tras conocer los mensajes cruzados entre Pradas, Mazón y Cuenca, conversaciones que, según remarcan, corroboran «aquello que durante un año se nos negó: que sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica, que sí ocultaron o negaron la información de riesgo, que Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación y que nos han mentido durante meses». «No son sospechas, son pruebas documentales que nos golpean, que golpean la conciencia pública y que exigen respuestas inmediatas», añaden.
Subrayan que esos mensajes «muestran avisos simultáneos sobre el incremento de caudal en el barranco del Poyo y el río Magro, así como la declaración de alerta hidrológica», algo que, a su entender, «desmiente la versión del Consell sobre la supuesta ausencia de información previa».
También destacan que los mensajes de José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, y las «instrucciones de calma o no confinar frenaron el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo». «Esta actitud no es menor, es potencialmente letal», advierten.
Mazón “estaba al tanto” antes de ir a El Ventorro
Las entidades sostienen que las comunicaciones conocidas evidencian que el ‘expresident’ de la Generalitat «estaba al tanto de la gravedad antes de entrar en El Ventorro». Insisten en que los mensajes «muestran que dos horas antes de entrar» en el restaurante donde comió con la periodista Maribel Vilaplana, el entonces jefe del Consell «ya había sido avisado de la gravedad extrema de la situación, de los rescates en marcha, de la alerta hidrológica activa en el Poyo y el Magro y, especialmente, de la primera víctima mortal en Utiel, antes de las 17.00 horas».
Por todo ello, denuncian que el Consell les ha «engañado durante un año»: «La narrativa oficial que negaba disponer de elementos claros para actuar se desmorona ante estos mensajes. La información existía y no se utilizó para salvar vidas».
Califican lo sucedido como «una infamia hacia las personas que murieron y hacia sus familias» y avisan de que no van a «tolerar que se sigan encubriendo responsabilidades con eufemismos ni que se pretenda normalizar la negligencia».