En el Ayuntamiento de Alicante, el grupo de Vox, que se encuentra en la oposición, ha advertido al alcalde Luis Barcala y a su administración del PP con «romper» acuerdos y «cualquier negociación posible», incluyendo los presupuestos de 2026, si la ciudad decide alojar a menores migrantes no acompañados, como parte de un plan de redistribución propuesto por el Gobierno de España.
El partido, liderado por Carmen Robledillo en el consistorio, ha expresado mediante un comunicado su total rechazo a lo que consideran un «reparto obligatorio de menores inmigrantes», el cual, afirman, está siendo «impuesto por la Generalitat y el Gobierno central».
«Los menores deben ser inmediatamente repatriados con sus familias, que es donde deben estar. La ciudad ya tiene serios problemas de seguridad que se verían agravados si se aceptara este chantaje que se pretende imponer por el PP de Mazón y el Gobierno de Sánchez», manifestaron desde Vox.
De esta manera, subrayaron que «la lealtad de Vox no está con el PP, está con los alicantinos y su seguridad». «Si el PP colabora con la llegada de menas a Alicante, las consecuencias inmediatas pasan por la ruptura total de cualquier negociación posible, incluida la de los presupuestos de 2026. Vox seguirá defendiendo la seguridad, la soberanía y el futuro de nuestra ciudad, sin aceptar imposiciones del Gobierno de Sánchez ni cesiones del PP», concluyeron.
Desde el lado opuesto, Ana Barceló, portavoz del PSPV en el consistorio, ha tildado de «crueldad inaceptable» la postura de Vox, acusándolos de querer «usar a niños y niñas vulnerables como moneda de cambio político».
«Alicante no puede ser rehén del chantaje de la ultraderecha. Barcala debe decidir si gobierna para la ciudad o si se arrodilla ante quienes solo saben imponer y dividir», agregó Barceló, ofreciendo al gobierno municipal la cooperación del grupo socialista para asegurar estabilidad y soluciones efectivas, mediante presupuestos diseñados con el bienestar de Alicante en mente.
Por su parte, EU-Podem ha condenado enérgicamente las declaraciones de Vox, calificándolas de «intolerable» que «Vox utilice el dolor y la vulnerabilidad de estos menores como arma de chantaje político». «Defender los derechos de la infancia no es una opción, es una obligación. Los menores migrantes no acompañados necesitan acogida, acompañamiento educativo y social y una oportunidad de integración. Alicante debe estar a la altura de los valores democráticos, humanitarios y de solidaridad que la mayoría de la ciudadanía comparte», sentenció la coalición.