Vox ha comunicado su decisión de apelar ante la reciente sanción de 50.000 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas por recibir o aceptar donativos específicos, considerados una infracción muy grave según la Ley de Financiación de Partidos Políticos. «Es una persecución política sin precedentes», han declarado desde el partido.
La resolución fue adoptada después de que el Tribunal revisara las cuentas del año 2020 de Vox. Esta constituye la tercera penalización que Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal, ha aplicado a la agrupación dirigida por Santiago Abascal.
La primera penalización ocurrió hace un año, con una multa superior a 230.000 euros por aceptar donativos en 2019 destinados a financiar litigios, práctica que el ente fiscalizador califica como donaciones finalistas y prohíbe la ley.
Al igual que con las multas previas, Vox ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo. «Mientras el bipartidismo roba a manos llenas con casi total impunidad, su Tribunal de Cuentas, en una persecución política sin precedentes, nos pretende multar nuevamente», han criticado.
Además, en sus plataformas de redes sociales, pronostican que prevalecerán en el recurso y que «se volverá a anular esta nueva barbaridad jurídica».