Vox presentó este martes en el Congreso diversas interrogantes dirigidas al Gobierno para obtener aclaraciones acerca de la supuesta financiación ilegal del PSOE mediante la ‘trama Koldo’, tras revelarse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando estos aportes, presuntamente realizados mediante el abono de nóminas.
De acuerdo con las noticias de prensa, el ex asesor ministerial Koldo García y su familia habrían recibido dinero de compañías relacionadas con licitaciones públicas manipuladas. Una parte de estos recursos habría sido canalizada hacia el PSOE, incluyendo un salario de 2.600 euros mensuales para García y transferencias a su cónyuge, Patricia Uriz.
Vox solicita una verificación de si García y algunos miembros del PSOE han recibido pagos ilegítimos y desea conocer cuánto sabe el Gobierno sobre los supuestos pagos irregulares efectuados a Koldo García y su grupo familiar. En caso afirmativo, inquieren qué acciones ha implementado o planea implementar al respecto.
Asimismo, indagan sobre las acciones del Gobierno frente a la posible participación de empresas que obtienen contratos públicos amañados y ‘han realizado pagos ilegales para la financiación ilegal del PSOE’ y si se están tomando medidas contra los responsables de establecer circuitos de financiación mediante nóminas apócrifas o pagos ficticios.
OTRAS PREGUNTAS SOBRE CORRUPCIÓN
Vox prosigue su cuestionamiento sobre la corrupción y hace referencia al informe de la Comisión Europea que indica que el 87% de los españoles cree que la corrupción es muy prevalente y el 53% opina que la corrupción es un obstáculo en los negocios.
Por tanto, en las preguntas recogidas por Europa Press, preguntan sobre las medidas específicas que promoverá el Gobierno para enfrentar ‘las críticas’ de la UE sobre el ‘aumento significativo’ de la corrupción y qué comunicaciones y propuestas de mejora ha recibido el Gobierno de parte de la UE respecto a este tema.
En relación con las reformas para la independencia judicial y la separación del Fiscal General del Estado del Ejecutivo, requeridas por la UE y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), los de Santiago Abascal desean conocer las intenciones del Gobierno para impulsarlas y, de ser positivas, cuáles serán.
Finalmente, Vox pregunta sobre un concurso anunciado por el Gobierno por un valor de 682.000 euros para contratar un ‘servicio de adecuación de los espacios donde tienen lugar los actos públicos de la Presidencia, Vicepresidencias y la Portavocía del Gobierno (…) en el Complejo de la Moncloa o en el resto del territorio nacional’.
El contrato ‘comprende el diseño, creación, adecuación, alquiler e instalación de materiales con una identidad gráfica y estilo homogéneo, tales como traseras, vinilos, moquetas, tarimas o mobiliario, sin que la Secretaría de Estado de Comunicación adquiera estos materiales, y se incluye, asimismo, el traslado, montaje y desmontaje de dichos materiales al espacio objeto de adecuación para la celebración del acto público.
Vox interroga al Gobierno si esta contratación contribuye a mejorar su imagen ante los numerosos casos de corrupción y por qué se anuncia ‘precisamente cuando está ahogado en la corrupción’. Además, desea saber qué actos públicos se beneficiarán de estos servicios y qué necesidades específicas, más allá de las expuestas en la memoria justificativa, justifican la ‘necesidad e idoneidad’ de la licitación.