Vox llevará de nuevo este miércoles al Pleno del Senado un debate sobre la ilegalización de EH Bildu, al entender que la actuación de la coalición vasca "vulnera los principios democráticos, derechos humanos y apoya el terrorismo de forma grave y reiterada", y someterá la cuestión a votación con el objetivo de que la mayoría absoluta del PP fije una posición clara.
La propuesta, una moción de carácter no vinculante a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea también impulsar cambios legales que aseguren el cumplimiento íntegro de las condenas por delitos de terrorismo, refuercen la prohibición de los actos de enaltecimiento de ETA y permitan avanzar en la investigación de los crímenes de la banda aún sin esclarecer.
El partido de Santiago Abascal recuerda que la Ley Orgánica de Partidos Políticos contempla la posibilidad de promover "la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia terrorista" y destaca que tanto el Senado como el Congreso de los Diputados están habilitados para instar este procedimiento ante el Tribunal Supremo.
En la misma línea, Vox reclama al Gobierno que impulse reformas normativas para impedir la "flexibilización" del régimen penitenciario de los condenados por terrorismo, incluyendo la revisión del artículo 100 del Reglamento Penitenciario.
La moción expresa, además, su respaldo a las iniciativas de las distintas administraciones dirigidas a "preservar la memoria de las víctimas del terrorismo y reparar los daños sufridos por sus familiares y por las víctimas supervivientes".
Vínculos de EH Bildu con ETA, según Vox
En la exposición de motivos, la formación de Abascal sostiene que EH Bildu "no puede disociarse de la trayectoria de ETA" y subraya la presencia en sus listas electorales de personas condenadas por delitos vinculados a la organización terrorista, citando al coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA y por "enaltecimiento" del terrorismo.
Vox mantiene que el respaldo parlamentario de EH Bildu al actual Gobierno ha implicado "concesiones políticas" que, a su entender, "afectan a la unidad nacional y a los derechos de las víctimas del terrorismo".
Por ello, el grupo parlamentario insiste en la "necesidad" de aplicar con rigor la normativa vigente para apartar de las instituciones a aquellas formaciones que, según se recoge en el texto, "mantienen vínculos con el entorno de ETA".