Vox ha presentado de forma simultánea en el Congreso de los Diputados, el Senado y las distintas cámaras autonómicas una iniciativa parlamentaria con la que reclama “repudiar” el acuerdo de financiación autonómica alcanzado por el Gobierno con ERC, al considerar que “privilegia a unas regiones por encima de otras por criterios exclusivamente políticos”, con especial beneficio para Cataluña.
En esta proposición no de ley, el partido de Santiago Abascal sostiene que el nuevo esquema de financiación autonómica responde al pago de “peajes políticos” exigidos por la formación independentista catalana para “sostener” al Gobierno en el poder, y alerta de que con este modelo no se persigue ni la equidad ni la solidaridad entre territorios.
“Consolida el chantaje separatista como método ordinario de gobierno y profundiza en la ruptura del principio de igualdad entre españoles”, resumen desde Vox en el texto registrado.
La iniciativa detalla que el modelo “supone un incremento masivo de los recursos del sistema autonómico, financiado mediante una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes y una cesión creciente de impuestos estatales, sin exigir control del gasto ni rsponsabilidad a las administraciones autonómicas”. Por este motivo, la formación lo califica de “expolio fiscal encubierto”.
Recursos y modelo autonómico en el punto de mira
Además, Vox subraya que “el separatismo ha utilizado históricamente los recursos obtenidos mediante estos acuerdos para atacar la unidad de España, financiar estructuras clientelares y promover políticas contrarias al interés general”.
A raíz de este diagnóstico, el partido de Abascal, que rechaza el actual modelo autonómico, plantea en la proposición no de ley la necesidad de recuperar “una perspectiva nacional” sobre los servicios públicos y el sistema tributario, “que garantice que las prestaciones lleguen a todos los españoles independientemente de la parte de España en la que residan y que “se ponga fin” a este sistema territorial.
En coherencia con esta posición, Vox demanda igualmente suprimir lo que considera gasto político improductivo derivado del Estado autonómico y de las propias comunidades, a las que define como “17 redes clientelares”, y propone acometer una reducción generalizada de impuestos para el conjunto de los contribuyentes.