La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha comunicado este martes que su grupo ha presentado en la Cámara Baja una iniciativa parlamentaria para que se discuta la posibilidad de poner en marcha el procedimiento de ilegalización de EH Bildu, alegando los “evidentes vínculos” que, a su entender, mantiene la coalición abertzale con la organización terrorista ETA, disuelta de forma definitiva en 2018.
El anuncio se ha producido en el Congreso un día después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato se proclamó el final de la banda terrorista, reivindicara a Bildu como una formación que “ha trabajado por la paz”, unas declaraciones que Vox tacha de “lamentable”.
“Para lo único que tienen que servir este tipo de comentarios es para recordarnos que la democracia no derrotó a ETA, sino que miró hacia otro lado por conveniencia política, que los herederos de ETA son el principal sustento de este Gobierno y que el PSOE hoy le debe estar donde está a los cómplices de los más de 300 atentados terroristas que quedan sin resolver”, ha sostenido la dirigente de Vox.
Vox sostiene que ETA se impuso a la democracia
Según el partido de Santiago Abascal, fue ETA quien terminó imponiéndose al sistema democrático y esa “victoria” se hace hoy “patente” tanto en el Congreso como en el País Vasco, citando como ejemplos la “normalización” de los homenajes a antiguos miembros de la banda, el acercamiento de presos etarras a cárceles próximas a sus lugares de origen, la “equiparación de víctimas y verdugos” o el “éxodo” de más de 200.000 familias que abandonaron el País Vasco bajo amenaza.
En este marco, Rodríguez de Millán ha señalado a Bildu como “colaborador necesario de la degradación nacional impulsada por el PSOE” y ha reiterado su petición de ilegalizar la coalición por considerarla “el brazo político de ETA”. “La Fiscalía rechazó hacerlo hace relativamente poco, hace unos años, porque todos sabemos de quién depende también la Fiscalía y ha quedado patente con la primera condena de la historia a un fiscal general del Estado”, ha apuntado.
A su juicio, “sobran los motivos” para dar ese paso porque “los vínculos entre Bildu y ETA son palpables y evidentes”, la formación encabezada por Arnaldo Otegi “no ha colaborado en el esclarecimiento de crímenes” de la banda, “no se han arrepentido”, “colaboran en los actos de enaltecimiento de etarras” y “ha tenido y tiene a miembros imputados o condenados por terrorismo o delitos relacionados”.
Para Vox, todos estos elementos “encajan perfectamente” en las causas de ilegalización recogidas en el artículo 9 de la Ley de Partidos, que establece que “deben ser excluidos de la vida pública aquellos partidos que incluyan en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo, que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas” y también las formaciones que “promuevan, den cobertura o participen en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas”.
“Ni olvido ni perdón” y reformas legales
En la iniciativa registrada, Vox reclama además que se impulsen las reformas legislativas necesarias para asegurar que los condenados por terrorismo cumplan íntegramente sus penas, el fin de las “políticas de cesión al separatismo”, la investigación de los atentados de ETA aún sin resolver y “promover la búsqueda y puesta a disposición judicial de los prófugos de la justicia pertenecientes a la banda”.
“No basta con que se haya dejado de matar ni basta con que aquellas personas condenadas renunciaran a estar en las listas”, ha afirmado Rodríguez de Millán, anticipando que acusarán a Vox de “muchas cosas” por esta propuesta y subrayando que su partido no va “a mirar hacia otro lado ante la evidencia de una victoria de facto del terrorismo sobre los españoles”. “Ni olvido ni perdón frente a los terroristas que tanto daño han causado a tantas familias españolas”, ha remachado.
La portavoz ha reconocido, asimismo, que les “gustaría que el PP también compartiera esta visión”, aunque no ha aclarado si esta exigencia formará parte de las condiciones de Vox para un hipotético pacto de gobierno con los populares a nivel estatal.
La Ley de Partidos establece que el procedimiento de ilegalización sólo puede ser iniciado por el Gobierno o por el Ministerio Fiscal, y que la resolución definitiva corresponde al Tribunal Supremo. El Parlamento, por su parte, únicamente puede instar al Ejecutivo a que active dicho mecanismo.