Vox someterá esta semana a la consideración del Pleno del Congreso una moción con la que pretende que el Gobierno deje sin efecto los decretos aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros, uno sobre la regularización de inmigrantes y otro destinado a reforzar la universalidad en el acceso a la sanidad pública. Al mismo tiempo, reclama que se proceda a la repatriación de los inmigrantes que se encuentran de forma "ilegal" en territorio español.
Estas propuestas forman parte del texto registrado por la formación de Santiago Abascal, al que ha tenido acceso Europa Press, y que deriva de la interpelación que el pasado miércoles dirigieron al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Durante esa interpelación, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ya instó a Bolaños a garantizar que los españoles sean la prioridad nacional del Ejecutivo para evitar que se perciban "a la cola" y para blindar la sostenibilidad del Estado del bienestar, tal y como se recoge en uno de los apartados de la moción.
Del mismo modo, la tercera fuerza del Congreso reclama al Ejecutivo que devuelva a sus países de origen a los inmigrantes en situación irregular en España y que proceda a la remigración de aquellos extranjeros que, "por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles".
Prioridad nacional y limitaciones en sanidad y ayudas
En la iniciativa, Vox plantea que el Gobierno fije la prioridad nacional para el acceso a todas las ayudas y prestaciones sociales, a los servicios públicos y a los programas de vivienda, tanto para optar a vivienda social y protegida como para disfrutar de bonificaciones fiscales diferenciadas o recibir cualquier tipo de apoyo vinculado a la vivienda.
Asimismo, propone que el Estado vele por la sostenibilidad del sistema sanitario impidiendo que, "salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia", los inmigrantes "ilegales" puedan utilizar el sistema público de salud.
En esta línea, exige la derogación del real decreto aprobado en marzo de este año que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de los extranjeros sin residencia legal en España.
Además, reclama al Gobierno que anule el proceso de regularización "masiva" de inmigrantes "ilegales" y que ponga fin a la concesión de asistencia jurídica gratuita a los extranjeros en los procedimientos relacionados con su expulsión del país.