Vox ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que reclama la disolución de las organizaciones vinculadas al movimiento de extrema izquierda ‘Antifa’, su incorporación al listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea y, además, la reprobación del ministro del Interior por su actuación en materia de seguridad.
Según la iniciativa, recogida por Europa Press, el texto “condena enérgicamente la violencia ejercida” por el movimiento Antifa, que, a su juicio, “socava el Estado de Derecho, el orden democrático y la seguridad de los españoles”. Igualmente, exige al Gobierno que ponga fin a su “permanente conducta de blanqueamiento” de la violencia atribuida a asociaciones relacionadas con este movimiento en España.
La PNL, que se debatirá en febrero coincidiendo con el arranque del nuevo periodo de sesiones del Congreso, también pide al Ejecutivo que inste al Ministerio Fiscal a emprender las acciones judiciales oportunas para proceder a la disolución de las organizaciones asociadas a estas plataformas antifascistas “por su fomento, promoción e incitación al odio y la violencia contra las personas, grupos y asociaciones, especialmente por razón de su ideología”.
Del mismo modo, Vox reclama al Gobierno que, en el marco de las instituciones de la Unión Europea, impulse la inclusión de este movimiento de extrema izquierda y de las entidades a él ligadas en la relación europea de organizaciones terroristas.
La propuesta concluye con una llamada a la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, “por su nefasta gestión en materia de política de seguridad y su actitud irresponsable al no defender a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en relación con las agresiones atribuidas a las organizaciones mencionadas.
“Escalada de violencia” y ejemplos citados
En la exposición de motivos, Vox afirma que España sufre una “escalada de violencia política auspiciada por grupos de extrema izquierda” que, bajo el pretexto de combatir el “fascismo”, recurren a la violencia contra sus adversarios políticos.
El documento detalla distintos episodios registrados en varias localidades del país durante actos de Vox en Vallecas, Bilbao, Cataluña, Castellón, Vitoria y Sevilla, además de la agresión a un periodista en Pamplona el pasado 30 de octubre. También menciona los incidentes ocurridos en Madrid el 14 de septiembre, en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, que se saldaron con 22 agentes de la Policía Nacional heridos.
Vox sostiene que el escenario adquiere “tintes preocupantes” cuando, según denuncia, el propio Gobierno participa en un proceso de “blanqueamiento”, citando como ejemplo el indulto concedido a dos personas condenadas por el Tribunal Supremo por manifestarse contra un mitin de Vox y agredir a la policía en enero de 2019.
El partido liderado por Santiago Abascal menciona asimismo iniciativas parlamentarias tramitadas en instituciones de Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y en el Parlamento Europeo para declarar a ‘Antifa’ organización terrorista, así como un decreto del Gobierno húngaro del mismo mes en el que se incluyó a este movimiento en su lista nacional de organizaciones terroristas.
Por último, el texto recuerda que la Constitución prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, y que el Código Penal recoge los delitos de terrorismo, la existencia de organización o grupo criminal y las asociaciones ilícitas.











