QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Vox ha lanzado este domingo su nueva propuesta de política económica y habitacional, en la que sugiere derogar tres leyes por cada nueva legislación aprobada con el objetivo de minimizar el gasto público y restringir la capacidad de los inmigrantes ilegales de alquilar viviendas, priorizando a los ciudadanos españoles en los contratos de arrendamiento, entre otras iniciativas.
En un evento en el auditorio de Mutua Madrileña, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, y el portavoz de Vivienda en la Cámara Baja, Carlos Hernández Quero, defendieron estas medidas citando la ‘devastación’ de la economía española, describiendo la situación actual como ‘Un campo yermo, dificultades para comprar una casa o formar una familia’.
El plan, detallado por Europa Press, plantea como principal innovación lo que llaman el hexágono de la prosperidad, enfocado en seis áreas clave para el impulso económico del país. Incluye la simplificación normativa, la eficiencia en la administración pública con integración de inteligencia artificial; una considerable reducción de impuestos; un corte significativo en los gastos administrativos; una intensa reindustrialización; una transformación de la política energética y la defensa del sector agrícola como base estratégica; asegurar las fronteras; y especial atención en el sector vivienda.
Según el documento, la vivienda merece una ‘especial atención’ ya que fue uno de los pilares del bienestar y expansión de las clases medias en España. Ahora, señalan que diversos indicadores, como la inestabilidad laboral y la falta de cohesión territorial, culminan en dificultades para acceder a una vivienda.
Para ampliar la oferta de viviendas, Vox propone incrementar el suelo disponible, simplificar los procesos administrativos y reducir la burocracia, además de eliminar todas las políticas intervencionistas en el sector de alquileres y adoptar una política de ‘mano dura’ contra la ocupación ilegal de viviendas.
En cuanto a la política de vivienda, defienden que ‘ante una vivienda, el español siempre primero’, y sugieren que el acceso a vivienda social y protegida se base en el arraigo y la historia familiar en España. También buscan prohibir el alquiler a inmigrantes ilegales y combatir el registro fraudulento de estos.
Para la reducción de normativas y la eficiencia administrativa, proponen eliminar tres leyes por cada una aprobada, reducir la burocracia y eliminar ‘duplicidades e ineficiencias de la Administración’, además de implementar una base de datos nacional única.
