Vox ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) con la que pretende que el Gobierno refuerce y amplíe las capacidades y programas del Instituto Cervantes para impulsar, promover, enseñar y difundir el español en la República de Filipinas, dotando a la institución de “todos los medios necesarios y suficientes” para desempeñar esa tarea.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se apoya en el informe “El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2025”, que cifra en unas 6.834 las personas con competencia nativa en español en Filipinas y en alrededor de 547.696 las que cuentan con un dominio limitado del idioma.
El documento recuerda que, con una población estimada de 117,4 millones de habitantes en marzo de 2026, los hablantes de español suponen únicamente el 0,48% del total de la población filipina, un porcentaje que califica de “minúsculo” si se tiene en cuenta el volumen demográfico del país y la relevancia histórica y la extensión que tuvo el español en este territorio, que formó parte de España durante casi cuatro siglos.
La PNL, que se debatirá en la Comisión de Asuntos Exteriores, advierte de que la situación y presencia del español en el archipiélago filipino es “cada día más precaria” y sostiene que, aunque las lenguas locales conservan una fuerte influencia del castellano, esta lengua “viene perdiéndose cada vez más”. Frente a este retroceso, el texto destaca que el español se encuentra en expansión en gran parte del planeta y que, para 2050, se calcula que lo hablarán 756 millones de personas.
Marco legal y objetivos de la acción exterior
Vox subraya que la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes, fija entre sus objetivos promover de forma universal la enseñanza, el estudio y el uso del español, además de contribuir a la difusión de la cultura española en el exterior en coordinación con los órganos competentes de la Administración del Estado.
Asimismo, recuerda que, para cumplir estos fines, el Instituto Cervantes está facultado para abrir centros, impulsar y organizar cursos de español, diseñar y realizar pruebas de acreditación del conocimiento del idioma, apoyar iniciativas de difusión a través de los medios de comunicación y del ámbito audiovisual, promover la formación del profesorado y la edición de materiales didácticos, así como respaldar la investigación sobre el español y su enseñanza.
La proposición menciona también la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que fija como una de sus directrices la promoción y difusión del castellano y de las demás lenguas españolas, junto con medidas destinadas a facilitar a los ciudadanos españoles el acceso a la educación en el extranjero y a reforzar la proyección exterior de la educación y la cultura españolas.
Finalmente, el texto pone de relieve que el Instituto Cervantes dispone de un centro en Manila, capital de Filipinas, que, a juicio de Vox, “debería ser potenciado” para afianzar la enseñanza y difusión del español en el país. La formación sostiene que el ordenamiento jurídico ya ofrece el marco legal e institucional suficiente para impulsar esta política, y que solo falta la “necesaria voluntad de llevar a cabo tal política”.