QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Vox ha presentado este martes en el Congreso diversas interrogantes al Gobierno para exigir clarificaciones sobre la supuesta financiación no conforme del PSOE a través de la ‘trama Koldo’, tras las noticias que indican que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando estos aportes financieros, presuntamente mediante el abono de salarios.
De forma específica, los seguidores de Santiago Abascal reaccionan a las noticias de prensa que señalan que el anterior asesor ministerial Koldo García y su clan recibieron remuneraciones de compañías ligadas a licitaciones públicas manipuladas. Un porcentaje de estas sumas habría sido dirigido al PSOE, incluyendo un salario de 2.600 euros mensuales para García y abonos a su esposa, Patricia Uriz.
Vox exige una verificación de si García y miembros del PSOE han recibido pagos no autorizados y desea conocer cuál es el nivel de conocimiento que posee el Gobierno sobre los supuestos pagos no autorizados efectuados a Koldo García y su familia. En caso de estar al tanto, preguntan qué acciones ha implementado o planea llevar a cabo al respecto.
También preguntan sobre las acciones del Gobierno en relación con la supuesta participación de empresas que obtienen contratos públicos manipulados y «han realizado pagos ilegales para la financiación ilegal del PSOE» y si está implementando medidas contra los responsables de establecer circuitos de financiación a través de nóminas ficticias o pagos simulados.
OTRAS PREGUNTAS SOBRE CORRUPCIÓN
Vox continúa cuestionando la corrupción y hace referencia al informe de la Comisión Europea que indica que el 87% de los españoles cree que la corrupción es muy prevalente y el 53% opina que la corrupción es un problema al momento de realizar negocios.
Así, en las cuestiones dirigidas al Gobierno, según Europa Press, preguntan sobre las medidas específicas que promoverá el Gobierno para enfrentar «las críticas» de la UE sobre el «incremento significativo» de la corrupción y qué comunicaciones y propuestas de mejora ha recibido el Gobierno de parte de la UE sobre este tema.
En cuanto a las reformas para la independencia judicial y la separación del Fiscal General del Estado del Ejecutivo, exigidas por la UE y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), los de Santiago Abascal desean conocer qué planes tiene el Gobierno para impulsarlas y, si es favorable, cuáles serán.
Finalmente, Vox indaga sobre una licitación anunciada por el Gobierno por un valor estimado de 682.000 euros para contratar un «servicio de adecuación de los espacios donde tienen lugar los actos públicos de la Presidencia, Vicepresidencias y la Portavocía del Gobierno (…) en el Complejo de la Moncloa o en el resto del territorio nacional».
El contrato «incluye el diseño, creación, adecuación, alquiler e instalación de materiales con una identidad gráfica y estilo homogéneo, como traseras, vinilos, moquetas, tarimas o mobiliario, sin que la Secretaría de Estado de Comunicación adquiera estos materiales, y se incluye, asimismo, el traslado, montaje y desmontaje de dichos materiales al espacio objeto de adecuación para la celebración del acto público.
Vox cuestiona al Ejecutivo si esta contratación contribuye a mejorar su imagen ante los numerosos casos de corrupción y el motivo de anunciarla «precisamente cuando está ahogado en la corrupción». Además, desea saber qué actos públicos se beneficiarán de estos servicios y qué necesidades específicas, más allá de las descritas en la memoria justificativa, justifican la «necesidad e idoneidad» de la licitación.
