Vox ha presentado una proposición no de ley ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, exigiendo que el Gobierno detenga inmediatamente la adquisición, instalación y renovación de contratos de radares y cámaras de vigilancia que incluyan componentes chinos internacionalmente vetados “por motivos de seguridad nacional y ciberseguridad”.
La propuesta, difundida por Europa Press, también insta a “realizar una auditoría técnica y jurídica independiente sobre todos los dispositivos de control de tráfico de origen extranjero utilizados en España, prestando especial atención a aquellos de origen chino”.
De acuerdo con la formación liderada por Santiago Abascal, desde 2022, la Dirección General de Tráfico, las policías autonómicas y varios municipios han implementado cámaras y radares de velocidad con tecnología china “que podrían representar problemas de ciberseguridad, además de vulnerar la soberanía española en cuanto a la gestión de datos”.
VETADAS EN OTRAS PAÍSES OCCIDENTALES
El grupo parlamentario subraya que ciertas compañías chinas han sido excluidas en naciones como Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos, Lituania o Australia, y cita informes del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que advierten sobre los riesgos asociados al empleo de estas tecnologías asiáticas, así como del aumento de “las actividades de ciberespionaje realizadas por grupos de hackers vinculados con China”.
Ante esta situación, Vox exige al Gobierno que mantenga “una actitud prudente” y proteja la seguridad vial, la ciberseguridad y los intereses nacionales “ante posibles amenazas que surgen del uso de dispositivos extranjeros en infraestructuras críticas”.











