Desde la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia se ha afirmado que las recientes modificaciones en la Ley de Dependencia, discutidas este martes por el Consejo de Ministros, demuestran que el Gobierno central está replicando el modelo ya establecido en Galicia.
Fuentes del organismo autonómico han destacado que casi todos los ajustes sugeridos por el Gobierno ya se han implementado en Galicia durante años. Como ejemplos citaron la mezcla de servicios como SAF y centros de día, la aprobación automática de discapacidad para quienes ya la han solicitado y las ayudas económicas mientras se procesan los servicios requeridos.
El caso más notable, según la Consellería, es la equiparación de los criterios de dependencia y discapacidad, que se empezó a aplicar en Galicia a inicio de año. A pesar de que inicialmente «el Gobierno central amenazó con recurrir», ahora lo ha adoptado, aunque con «menor intensidad», ya que solo reconoce el 65% de discapacidad a los dependientes de Grado 3, mientras que en Galicia se reconoce el 100%.
Además, criticaron que «el Gobierno central no consultase esta reforma ni con las comunidades ni con los ayuntamientos», quienes también se ven implicados, y reprocharon la falta de fondos necesarios. Se señaló, por ejemplo, la extensión del SAF a actividades externas, como acompañamiento médico o compras, sin evaluar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos.
La Consellería también lamentó que no se haya incluido la solicitud de Galicia para reconocer a las Casas del Mayor como un recurso de proximidad rural. «Esta reforma, además de aumentar las obligaciones, no incluye la financiación del 50% que dicta la ley, un problema que la Xunta ha denunciado repetidamente y que ha generado una deuda del Gobierno central con Galicia de más de 2.500 millones», concluyeron.