QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Yolanda Díaz, en su rol de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha expresado el viernes el soporte del Gobierno español hacia las ‘Seis de La Suiza’, un grupo de sindicalistas implicadas en protestas asociadas con la pastelería gijonesa homónima, que enfrentan penas de cárcel. Díaz ha confirmado que buscará el indulto para estas mujeres a través de los canales apropiados del Ejecutivo, una competencia que recae en el Ministerio de Justicia.
En una visita a Oviedo para reunirse con las afectadas, la vicepresidenta mostró su apoyo y declaró estar ‘escandalizada’ por la situación. Según ella, esta sentencia envía un mensaje negativo no solo a las trabajadoras de Asturias, sino a todos los trabajadores españoles. «Saben muy bien lo que están haciendo, no se pueden criminalizar los derechos de los trabajadores y mucho menos los derechos de huelga en nuestro país», enfatizó Díaz.
Además, denunció la presencia de una ‘ola reaccionaria’ a nivel global, liderada por figuras como Donald Trump y Javier Milei, que atenta contra los derechos laborales y sindicales. En España, mencionó la influencia de propuestas del PP y el programa de Vox como parte de esta tendencia.
La vicepresidenta subrayó la relevancia de su intervención en Oviedo para solicitar que las sindicalistas «no ingresen en prisión», algo que considera sin precedentes en la democracia española. «De aquí en adelante, todo lo que pueda ayudar como vicepresidenta, lo voy a hacer», prometió.
EL PRINCIPADO PEDIRÁ EL INDULTO
Ovidio Zapico, junto con otros representantes políticos, se ha sumado a esta causa, recordando que el Consejo de Gobierno asturiano respaldó la petición de indulto. Zapico describió la situación como ‘inhumana’ y ‘completamente injusta’, subrayando la necesidad de ofrecer a estas mujeres ‘certidumbre y seguridad’. Xabel Vegas criticó la sentencia y resaltó la importancia de evitar el encarcelamiento para no cohibir los derechos sindicales.
EL CASO DE LAS ‘SEIS DE LA SUIZA’
Las sindicalistas enfrentan una condena de tres años y medio por su participación en movilizaciones durante el despido de una empleada en 2016. Acusadas de coacciones graves y obstrucción a la justicia, apelaron la decisión judicial, aunque el Tribunal Supremo confirmó la sentencia tras un largo proceso judicial de más de ocho años.
