La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado este jueves que se impulsen con urgencia nuevas herramientas frente a la corrupción y ha reprochado a la derecha, especialmente al PP, que carezca de iniciativas propias y se limite a bloquear las planteadas por el Ejecutivo, entre ellas la creación de una oficina de prevención frente a posibles irregularidades.
Díaz se ha pronunciado en estos términos ante los medios en Ginebra, donde ha participado en una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sus declaraciones se han producido tras ser preguntada por la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, en el marco de una causa que instruye la Audiencia Nacional.
La dirigente de Sumar ha recordado que, en un contexto en el que escucha “por desgracia muchas noticias sobre la corrupción”, el Gobierno presentó el pasado mes de julio un paquete de 15 medidas de regeneración democrática para combatir esta problemática. Varias de esas iniciativas partieron de Sumar y se ajustan a las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
Entre esas propuestas, ha destacado la proposición de ley registrada por Sumar en el Congreso para poner en marcha una oficina de prevención de la corrupción, que finalmente fue rechazada por los grupos de la derecha.
INSISTE EN CREAR LA AGENCIA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN
Además, la vicepresidenta ha defendido otras reformas impulsadas desde su espacio político, como la eliminación de los aforamientos para cargos públicos cuando estén siendo investigados por presuntas tramas corruptas, así como medidas específicas dirigidas contra las empresas “corruptoras”.
“Soy clara, actuemos y tomemos medidas para crear la agencia pública anticorrupción en España, a la que las tres derechas votaron en contra”, ha subrayado Díaz, cuestionando que formaciones como el PP se nieguen a atender el mandato y las recomendaciones emitidas por el GRECO.
En esa línea, ha denunciado que el impacto económico de las tramas vinculadas al PP es muy elevado, cifrándolo en más de 60.000 millones de euros. “No he escuchado ninguna medida por parte del PP”, ha lamentado la vicepresidenta, insistiendo en que la lucha contra la corrupción debe traducirse en decisiones políticas concretas y no quedarse en meras declaraciones.











