La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha reclamado la apertura de una investigación con alcance estatal sobre los modelos de gestión privatizada dentro de la sanidad pública. Lo hace a raíz de la gravedad del presunto rechazo de pacientes y de determinadas pruebas consideradas no rentables en el Hospital de Torrejón (Madrid), una situación que, a su juicio, podría llegar incluso a ser constitutiva de delito.
“La sanidad privada está agujereando la sanidad pública en nuestro país. Lo que estamos conociendo estos días es de una gravedad inmensa”, ha manifestado en declaraciones a los medios tras acudir a una exposición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en medio de la controversia que envuelve a este hospital gestionado por el grupo Ribera Salud.
Díaz ha subrayado, en primer lugar, que la Comunidad de Madrid, como administración con las competencias en materia sanitaria en esta región, debe “dar respuesta a lo que está pasando”. Ha insistido en que el Gobierno autonómico tiene la obligación de aclarar de forma transparente la situación del centro y las posibles responsabilidades derivadas de su gestión.
Además, la también líder de Sumar ha defendido que no basta con una investigación concreta sobre este hospital, sino que resulta imprescindible poner en marcha una auditoría amplia sobre el conjunto de la gestión externalizada en la sanidad pública de todo el país. A su entender, la ciudadanía tiene derecho a conocer si existen instrucciones internas que puedan estar orientadas a rechazar la atención sanitaria cuando no supone un beneficio económico para las empresas concesionarias.
LLAMAMIENTO A BLINDAR LA SANIDAD PÚBLICA
“Hay hechos que son delictivos, que son gravísimos. Tenemos que salir a defender la sanidad pública, no puede ser un negocio la sanidad pública (…) Nuestra salud no puede estar en manos privadas”, ha enfatizado la ministra de Trabajo, que ha hecho un llamamiento a reforzar el sistema público frente a los modelos de gestión privada.
En esta línea, ha reiterado que la sanidad privada está “agujereando y deteriorando la salud pública del conjunto del país”, porque, en su opinión, “cuando hay negocio no se prioriza el cuidado ni la salud, se prioriza ganar dinero”. Para Díaz, esta lógica de beneficio económico es incompatible con la garantía universal del derecho a la atención sanitaria.
Por último, ha recordado que la sanidad figura entre las principales inquietudes de la población, tal y como reflejan de forma reiterada los diferentes sondeos de opinión, lo que, según ha apuntado, refuerza la necesidad de revisar en profundidad los modelos de privatización y externalización en el sistema sanitario público.