QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pasado martes, 28 de febrero, PSOE y Unidas Podemos desbloquearon la ley de bebés robados tras 99 ampliaciones del plazo de enmiendas. No es un articulado del Gobierno, pero tanto socialistas como morados lo han asumido como propio. Proviene de la sociedad civil, en concreto, la iniciativa fue registrada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua), en septiembre de 2018. Fue admitida a trámite entonces, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales. En febrero del 2020, regresó al Congreso y en junio el Pleno aprobó su toma en consideración con una amplia mayoría —contó con el apoyo de todos los grupos excepto Vox—. La insistencia de las asociaciones por la dilación de un articulado que parecía condenado al limbo y la presión de Podemos han forzado su desbloqueo. Sin embargo, queda lo más complicado.
La coalición ha de cincelar cada punto de la ley para su mejora técnica, máxime cuando no han participado de la redacción de la misma. Así, los socialistas han registrado una veintena de enmiendas y los morados otras 22. Tamaño volumen de modificaciones, que además no son conjuntas, anticiparía unas negociaciones difícilmente salvables, pero en esta ocasión, la voluntad de acuerdo es inequívoca, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se ha comprometido a aprobar la ley en esta legislatura y únicamente existen un par de puntos de fricción.
Tanto PSOE como Unidas Podemos han propuesto sus respectivas exposiciones de motivos, pero ambas coinciden en lo troncal, por lo que será fácil encontrar un punto común. En ambos casos señalan al franquismo y a la religión católica, así como a una suerte de estándar de “mujer de bien” y/o “familia de bien”, según recogen las enmiendas. “Los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las parturientas, que abandonaban el hospital bajo la creencia de que su hija o hijo había muerto.
La ideología nacional católica de regeneración del espíritu nacional justificaba estos hechos para reubicar a los bebés en “familias de bien”, reza la enmienda de Unidas Podemos; mientras que la socialista recoge lo siguiente: “Durante la etapa franquista, además de la represión ideológica, moral y religiosa, hubo una represión de género basada en la imposición de un único modelo de mujer y una única forma de ser madre, la que encajaba en el modelo de familia tradicional que imponía una dictadura moralista. Es en este marco donde se produjeron las sustracciones de recién nacidos”.
Incluso, la coalición comparte en la necesidad de cambiar la nomenclatura del articulado para adecuarla al lenguaje legislativo. La ley de bebés robados, según el PSOE, tendría que llamarse Proposición de ley sobre garantías a los afectados por la sustracción de recién nacidos; mientras que para UP, la redacción definitiva del título sería Proposición de ley sobre desaparición forzada de menores.
La coalición comparte la necesidad de cambiar la nomenclatura del articulado para adecuarla al lenguaje legislativo
Diferencias por pulir
Entre las novedades que propone el socio minoritario del Ejecutivo destaca la obligatoriedad de que los facultativos sanitarios den cuenta de situaciones en las que un descendiente carezca de correspondencia biológica con sus progenitores. Así quedaría redactado el artículo 5 apartado 9, del Capítulo III: “Cuando los facultativos genetistas o hematólogos tengan conocimiento por su ejercicio profesional que alguna persona figura como descendiente biológico de unos progenitores que carecen de correspondencia biológica con el interesado, darán cuenta de ello a la Fiscalía Especial sobre Desapariciones Forzadas de Menores. Además, si la persona en cuestión es mayor de edad, le será comunicado este hecho por el propio facultativo o personal sanitario”.
Asimismo, y al hilo del anterior apartado, UP solicita añadir un décimo punto al artículo 5 para que el personal facultativo esté en la obligación de facilitar cuanta documentación atesore: “Cualquier profesional, de cualquier disciplina o ámbito público o privado, que guarde o tenga constancia de la ubicación de documentación relevante a los efectos de la presente ley, está obligado a facilitar su ubicación y acceso a las víctimas que lo soliciten en los términos recogidos en la presente ley”.
La gran mayoría de aportaciones de PSOE y Unidas Podemos están relacionadas con mejoras técnicas para una mayor garantía jurídica y procesal del texto inicial esbozado por Ceaqua. Según fuentes del Grupo Parlamentario Socialista, otros articulados requieren ahora sus esfuerzos, como por ejemplo, la reforma de la ley del solo sí es sí, que se debatirá el próximo martes, 7 de marzo, y aún no reúne el apoyo de los socios, o la ley de Vivienda, en stand by tras una reunión con los morados y otros aliados que no fue nada bien y aleja el acuerdo. Es por ello por lo que sus enmiendas se limitan a pulir aspectos técnicos y una correcta y adecuada redacción Por su parte, desde Podemos aseguran a Demócrata que este trabajo lo han realizado en coordinación con asociaciones que presentaron el texto primigenio y, en consecuencia, piden profundizar un poco más, de manera que la ley de bebés robados sea aún más ambiciosa.
El otro gran escollo a salvar es la creación, o no, de una Fiscalía especial. En el antecitado apartado 9 del artículo 5 de la propuesta de Unidas Podemos se hacía referencia a la Fiscalía Especial sobre Desapariciones Forzadas de Menores. Sin embargo, el PSOE plantea en su disposición adicional tercera que “no es coherente” la creación de una fiscalía especial ya que “la iniciativa se concentra en medidas de justicia restaurativa”, sin olvidar que conllevaría informes preceptivos previos del Consejo Fiscal. En consecuencia, a su juicio, el cometido debería descansar sobre los hombros de la Fiscalía General del Estado.
PSOE y UP también habrán de acordar la habilitación para el desarrollo de la ley. Los socialistas proponen un plazo de un año, mientras los morados pisan el acelerador y sitúan el margen para dictar cuántas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la nueva ley en seis meses.
La Proposición de ley de bebés robados, actualmente, en su artículo 9, recoge la confección de una base de datos. Pero ese punto consta tan solo de dos sucintos apartados y Unidas Podemos aboga por profundizar sustituyéndolo en su integridad. En su enmienda, los morados hablan no de Base de datos, sino de Archivo Nacional de Víctimas de la Desaparición Forzada de Menores, que sería elaborado por la Fiscalía especial junto con las asociaciones.
De igual forma, proponen cuatro adiciones para el artículo 7 orientadas a garantizar que los afectados puedan decidir si quieren modificar o no su filiación aunque se descubra que su identidad de origen biológico es otra. “Ejercitada la opción, la persona quedará inscrita en el registro civil con la identidad de su elección, sin perjuicio de que, si así lo solicita, figure la otra identidad en nota marginal”, remachan. Estas adiciones también amparan a “cualquier madre biológica que diera a su hija o hijo en adopción, bajo los supuestos contemplados en la presente ley, tendrá derecho a solicitar su búsqueda conforme a lo establecido en esta norma.
De igual forma, quedan amparadas bajo este punto las madres que depositaron a sus hijos en tornos de establecimientos eclesiásticos o los dejaran en manos de religiosas, religiosos, profesionales de la medicina o de cualquier otra disciplina para que ellos gestionaran la ubicación de la niña o niño en otras familias”. En cualquier caso, será “la persona que fue sustraída o adoptada”, la que decida si quiere un reencuentro con su familia biológica o incluso que esta conozca su paradero, siendo de obligado cumplimiento que las autoridades notifiquen a la familia biológica que la persona desaparecida ha sido hallada».
