El Ministerio para la Transición Ecológica retomó el período de sesiones con una idea. Sacar adelante al menos dos de las iniciativas que permanecen atascadas en el Congreso por falta de apoyos.
Una es la creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), órgano que segregaría de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias de supervisión y regulación del sector energético.
La otra, la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, una trasposición que acumula varios años de retraso y que fue registrada por el PSOE y Sumar, una vez que el Gobierno decidiera retirar el proyecto original con el fin de evitar la entrada en vigor de enmiendas no deseadas.
En las últimas semanas, el equipo del departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se ha movido en la Cámara tanteando a los grupos su disposición por aprobar estas dos iniciativas.
Y la disposición es positiva en la mayoría de los socios, pero el problema es el mismo que afecta al resto de comisiones. Junts se borra de cualquier negociación. Las relaciones con el Gobierno están rotas y no facilitará ninguna de sus iniciativas salvo que case directamente con sus intereses. No es el caso de ninguna de las dos propuestas.
“Sinceramente, veo muy complicado que puedan salir adelante, cualquiera de las dos”, resume la portavoz de este grupo, Pilar Calvo, en una entrevista publicada en Demócrata este lunes en la que ilustró cuál es la situación y cómo impacta en el trabajo legislativo: “Ahora mismo no negociamos. Si quieren cambiar la situación, que ‘paguen’ lo que está pendiente”.
Sin cumplir no habrá más leyes
Los incumplimientos acumulados lastran las posibilidades del Gobierno para sacar adelante cualquier proyecto. Porque, de entrada, Junts no ve con malos ojos ninguna de las iniciativas. Pero la decisión es no entrar a nuevas negociaciones hasta no ver cumplido lo ya pactado.
Cuestiones como el traspaso a la Generalitat de las competencias migratorias se arrastran desde el primer decreto-ley ómnibus convalidado en los primeros compases de la legislatura, hace ya más de dos años, además de una aplicación integral de la amnistía y el reconocimiento del catalán como lengua oficial en Europa, entre otras cuestiones.
Para más inri, una de las iniciativas es una proposición de ley calcada a un proyecto que el Gobierno retiró tras la inclusión de varias enmiendas a propuestas de Junts que no contaban con su visto bueno. Contaba ya con los votos y había fecha ya para aprobarla en Comisión.
"No tenemos especial interés ahora"
“En vez de aceptar el resultado, retiraron el proyecto. Evidentemente, ahora nosotros no tenemos especial interés en que salga adelante cuando se comportan de esta manera”, explica Calvo.
Con las enmiendas se consignaban recursos para la cogeneración y se suspendía el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el conocido como impuesto de generación que grava un 7% a las empresas generadoras.
En Junts entienden que Transición Ecológica no vería con malos ojos la suspensión del impuesto como contrapartida pero no así el Ministerio de Hacienda, y emplaza al presidente Pedro Sánchez a imponer criterio si tanto empeño tiene por sacar adelante sus proyectos.
La baza del PP
El ‘portazo’ de Junts aboca al PP a depender del Partido Popular para sacar adelante sus iniciativas. Y, menos aún esta legislatura, los ‘populares’ están lejos de facilitarle las cosas al Ejecutivo. El momento tampoco es idóneo. Recta final de legislatura, en pleno ciclo electoral y con la presión cada vez más sofocante de Vox.
En lo puramente regulatorio, el PP se opone frontalmente a la segregación de la CNMC. No en vano, su agregación fue cosa suya, al fusionar en un único organismo la supervisión y regulación de los mercados.
En lo más concreto, el enfoque de los ‘populares’ ha sido siempre relacionar la iniciativa con un intento de socavar la independencia de la supervisión, personificando la jugada en Mariano Bacigalupo, esposo de la exvicepresidenta y hoy comisaria europea, Teresa Ribera.
Bacigalupo es actualmente consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la que accedió desde el consejo de la CNMC, y es encuadrado por el PP como futuro presidente de la CNE en caso de llevarse a cabo la segregación.
Más esperanzas puede depositar en la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, habida cuenta de que se trata de una trasposición comunitaria y la justificación de una eventual abstención podría estar servida.
¿El problema? La situación ya mencionada. Si ya es difícil que los ‘populares’ pudieran aceptar una iniciativa, hacerlo sobre la retirada previa de uno por no aceptar la inclusión de enmiendas resulta quimérico.