El retraso en la puesta en marcha de la nueva Autoridad independiente para investigar accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil ha obligado a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a hacerse cargo de la tragedia de Adamuz.
El descarrilamiento de un tren Iryo de alta velocidad provocó este domingo el choque con otro tren Alvia de larga distancia, causando al menos 41 muertos.
La Comisión es un órgano que tiene los días contados, al operar únicamente de forma transitoria, a la espera la puesta en marcha de la citada autoridad.
¿Qué razones justificaron el cambio?
Además del aprovechamiento de la economía de escala, el Ejecutivo justificó la unificación de agencias de investigación en determinados cambios para reforzar la independencia de estos organismos.
Con la nueva ley, es el Gobierno el que sigue aprobando los nombramientos de consejeros, pero para ello debe contar con el aval del Congreso. Antes la Cámara únicamente daba el visto bueno de las personas designadas para la presidencia de las agencias ferroviaria y aérea.
Otro cambio es el régimen de incompatibilidades previsto, equiparable al de los altos cargos de la Administración General del Estado, estableciendo un período de dos años tras el cese sin poder ejercer funciones relacionadas con las desarrolladas en la autoridad dentro del sector privado.
Señalada por el supervisor europeo
La CIAF, precisamente, fue señalada por el supervisor comunitario, la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés), por la falta de independencia a la hora de investigar el mayor accidente ferroviario ocurrido en España en más de 80 años, el descarrilamiento el 24 de julio de 2013 de un tren Alvia a su paso por Angrois, en Santiago de Compostela (A Coruña). Causó la muerte de 80 personas y 152 heridos.
En su evaluación sobre la investigación del accidente, la ERA concluyó que el equipo de investigación no había sido independiente, al incluir personal perteneciente a entidades directamente implicadas en el accidente, como Renfe, Adif o Ineco.
Ello vulneraba la Directiva de seguridad ferroviaria, que exige a la investigación independencia de todo gestor de infraestructura, empresa o cualquier parte cuyos intereses puedan entrar en conflicto con las funciones encomendadas.
La Agencia cuestionó, además, que el informe de la CIAF pusiera especial énfasis en el error humano y no abordara cuestiones esenciales sobre causas profundas. De hecho, pese a destacar que el informe de la CIAF contenía amplia información y hallazgos sobre el descarrilamiento, echaba en falta un mayor análisis y conclusiones al respecto.
Ni el marco regulador ni las evaluaciones de riesgos o el diseño de la infraestructura y el tren, por ejemplo, fueron analizados de manera crítica a juicio del supervisor europeo, que solicitó abrir una nueva investigación que corrigiera las debilidades señaladas y cumpliera los requisitos de independencia.
A la espera del estatuto
Esta fue una de las razones que impulsó al Gobierno a modificar la normativa de investigación de accidentes, optando por unificar en una única agencia los trabajos para esclarecer siniestros en aviación, transporte marítimo y ferroviario.
La creación de esta nueva Autoridad independiente para investigar accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil fue aprobada por ley en julio de 2024.
Sin embargo, tal y como publica Demócrata este martes, este nuevo organismo aún no ha echado a andar, al carecer de un estatuto orgánico que defina su régimen económico, financiero y de personal, o su estructura orgánica.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sacó en marzo del año pasado a audiencia pública una propuesta de desarrollo reglamentario, sin aprobar el decreto desde entonces. Es la razón por la que la autoridad aún no ha echado a andar. Y, ante su ausencia, debe ser la CIAF la encargada de hacerse cargo de la investigación del accidente de Adamuz.