QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sumar endurece su posición en materia de vivienda. La gravedad de la crisis es tal que no valen medias tintas, advierte su portavoz parlamentario en esta materia, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez (Vila-real, 1991). Si la vivienda es un derecho y no un bien de mercado, y la dificultad para acceder a ella es el primer quebradero de cabeza en España, ¿por qué permitir hacer negocios con ella?
Esa es la pregunta que recurrente hace Ibáñez, que traslada en una entrevista a Demócrata las últimas propuestas que Sumar lleva al debate público para afrontar la crisis de la sociedad española. Prohibición de pisos turísticos, impedir compras de vivienda si no es para vivir o alquilar a precio asequible, y mucha, mucha compra pública por parte de las administraciones con el objetivo de torcer una escalada de precios que no cesa. No hacerlo, avisa, puede llevarse por delante al propio Gobierno de coalición al que da apoyo su formación.
¿Por qué ven insuficientes las medidas anunciadas por Pedro Sánchez a principios de año?
El presidente ha hecho un giro discursivo, pero no ha habido un giro en sus políticas. La vivienda es el principal problema de la mayoría de la gente y tenemos que trasladar a las políticas públicas ese lema de que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho.
Hay que tomar medidas valientes y, desgraciadamente, el PSOE no termina de atreverse a aprobar medidas regulatorias potentes
Y para ello hay que tomar medidas valientes, como prohibir la compra especulativa en nuestro país, hacer indefinidos los contratos de alquiler, que el control de precios también sea para el alquiler de habitaciones o el alquiler vacacional, e impulsar una compra masiva de vivienda pública para tener un parque público a la europea. Quedan muchas cosas por hacer y, desgraciadamente, el PSOE nos tiene con regalos a los rentistas en materia fiscal y no termina de atreverse a aprobar medidas regulatorias potentes.
¿Sumar se plantea votar en contra de la exención de rentas a propietarios que alquilen en función del índice de precios?
Obviamente. La política fiscal tiene que ser progresista y pensar en la mayoría social. No tiene sentido que el Ministerio de Hacienda plantee que los currantes con SMI paguen por el IRPF y, al mismo tiempo, se oponga a que las socimis paguen impuestos. La vivienda no es un bien con el que especular. El propietario tiene derecho a alquilarlo, pero no a cualquier precio. El PSOE dice que a quien se porte bien le perdonamos impuestos. Nosotros queremos que a quien se porte mal le hinchemos a impuestos.
Puedes consultar la entrevista completa con el diputado Alberto Ibáñez en este enlace
¿Han planteado a Hacienda alguna alternativa a ese 100% de exenciones, como una rebaja gradual o un endurecimiento según el precio?
Ahora mismo el rentismo es la peor desigualdad que hay en España. La herencia representa el 75% de la desigualdad y no tiene sentido regalar impuestos a aquella gente que no vive de su trabajo, sino de alquilar la casa heredada de su abuelo. No es que haya que negociar si 70% o 100%, es que no hay que hacerlo. Entre otras cosas, porque Moncloa tiene un informe, el de España 2050, que indica que en la transferencia de rentas el 20% más rico percibe el triple que el 20% más pobre. Y es justamente por este tipo de trampas.
Sumar presentó hace meses una propuesta para acabar fiscalmente con la rentabilidad de todo alquiler que no fuera residencial. ¿Hay una negociación abierta con Vivienda o con Hacienda para llevarla a cabo?
Con el Ministerio de Vivienda sí tenemos abierta una negociación en el marco del Plan Estatal de Vivienda, donde entendemos que tiene que haber una negociación más profunda que la sola la transferencia de recursos a las comunidades autónomas. Pero no hay negociación para gravar a las rentas del capital y no del trabajo, entre otras cosas porque el PSOE ha decidido estar al lado del PP y de Junts en materia fiscal. Desgraciadamente, la vicepresidenta (de Hacienda, María Jesús) Montero ha venido a decir que el salario mínimo interprofesional ya es muy decente. Yo no sé si con 1.200 euros, teniendo en cuenta que un zulo de 50 metros en una ciudad como Valencia cuesta más de 1.000 euros, se puede vivir.
Si hemos decidido que la vivienda es un derecho, sino un derecho… ¿para qué necesita una vivienda una empresa? Para especular
Creer que esta gente tiene que pagar impuestos mientras que los propietarios de Airbnb no pagan IVA, pensar que hay que desgravar a quien hace cosas en sus propiedades mientras la gente no tiene vivienda, me parece estar muy fuera de la realidad. Deseo que el PSOE, cuando se abra la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, entienda que sin reforma fiscal no puede haber Presupuesto. Yo no tengo miedo a que digan que este Gobierno sube los impuestos. El debate es a quién, y creo que ahí es donde el PSOE tiene que decidir si quiere seguir siendo el amigo de la patronal de las constructoras, el amigo de los fondos buitres, de la gran banca, o en cambio se pone al lado de la gente a la que defiende y le vota.
Ha hablado antes de prohibir la compra especulativa de vivienda. ¿Cuál es la propuesta concreta de Sumar?
No entiendo que haya empresas que puedan comprar vivienda. Si hemos decidido que la vivienda no es un bien de mercado, sino un derecho… ¿para qué necesita una vivienda una empresa? Para especular, para sacar una plusvalía. Una medida fácil sería no permitir a las empresas adquirir vivienda en España.
El PSOE plantea que no puedan comprar vivienda personas extracomunitarias, pero es insuficiente. A mí no me importa si el propietario del fondo de inversión es una persona de Luxemburgo, de Canadá o tiene ocho apellidos españoles. También podemos empezar a prohibir este tipo de compras. Otros países de nuestro entorno han decidido que sólamente se pueda comprar vivienda para residir o para alquilar a un precio razonable pactado con el Estado. Esa es la vía y el camino hacia donde tenemos que avanzar, junto al alquiler indefinido.
En las comparecencias de personas expertas en la Comisión de Vivienda hemos insistido mucho en si era constitucional y ajustada al derecho comunitario la prohibición de la compra especulativa. Todos los expertos han dicho que sí, que hay competencias del Estado para poder hacerlo
¿Y la propuesta sería tanto en zonas tensionadas como en las que no?
Creo que en España ya no existen las zonas no tensionadas. Igual que se equivoca quien cree que el problema de la vivienda es de jóvenes. Hay parejas que no se divorcian porque no tienen a dónde ir. O familias que no tienen para empezar su proyecto vital. No tiene que ver con la edad ni es sólo de grandes ciudades. Evidentemente, los precios están disparados en grandes ciudades, pero también en otras medianas y pequeñas, donde ya es imposible alquilar por 400 o 500 euros y eso antes nos parecía un precio alto. Ahora todo lo que está por debajo de 1.000 euros es asumible y está muy lejos de la recomendación de no destinar más del 30% de los ingresos.
Los controles de precio de la Ley de Vivienda apenas se han aplicado por el rechazo de las comunidades autónomas. ¿Qué medidas pueden adoptarse para incentivar u obligar a aplicarlos?
Más que obligar a las comunidades autónomas, hay que seducir a la población para que vote a otros partidos. Soy muy escrupuloso con las competencias y creo que el señor (president de la Generalitat Valenciana, Carlos) Mazón o la señora (presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso tienen derecho a defender su proyecto político, que es la ley de la selva y que el mercado tiene derecho a que la gente pague 1.200 euros por 40 metros cuadrados. Pero la gente cuando les vota tiene que ser consciente que ese es el modelo que ellos defienden. En cambio, cuando votas a otras opciones, es diferente. Por eso es importante que el PSOE cumpla. Porque, si no, la gente tiene la sensación de que todos son proclamas pero no se avanza.
No faltan casas. El problema es que hay mucha vivienda secuestrada por el turismo y porque hay gente que acumula muchas viviendas
La vivienda no sólo es competencia autonómica. Hay competencias estatales, en la Ley de Arrendamientos Urbanos por ejemplo, o todo lo que suponga el control de precios. Si mañana quieren el presidente del Gobierno y su ministra de Vivienda (Isabel Rodríguez), claro que se pueden hacer cosas. Una de ellas, prohibir la venta especulativa. O establecer alquileres indefinidos. Y otra muy importante es la compra masiva de vivienda ya construida. Si disponemos de un parque de vivienda público potente, los precios de la parte privada van a bajar, porque si tienes muchos donde tienes un alquiler social, es evidente que la gente no va a pagar esas barbaridades.
¿Sigue estando en pie la propuesta de condicionar fondos a la declaración de zonas tensionadas?
Por supuesto. Una cosa es la financiación autonómica, que tiene que ser arreglo al peso poblacional, y en lo que no sea, los ministerios tienen todo el derecho de condicionar sus políticas públicas. Si hay comunidades autónomas que quieren más recursos del Estado, tienen que cumplir con la hoja de ruta que ha marcado el Estado.
¿Qué otras propuestas ha trasladado Sumar en la negociación del Plan Estatal de Vivienda?
La prohibición de la compra especulativa es una parte troncal de la negociación. En el alquiler joven no compartimos la filosofía de la ministra de dar bonificaciones a aquellos caseros que pongan unos precios un poquito menos altos. Entendemos que ese dinero que va a dar a los caseros es dinero que le está quitando a la gente joven que no puede alquilar. Hay que hacer un control de precios y luego invertir, y no al revés. No invertir y que cada uno ponga el precio que quiera. Eso no es socialdemocracia ni de un Gobierno de izquierdas, sino capitalismo de amiguetes donde siempre ganan los mismos.
Sumar ha mostrado cierto recelo ante los planes de Vivienda para impulsar nuevas promociones a través de SEPES, llegando a hablar de los tiempos de la burbuja inmobiliaria. ¿Por qué?
Primero, porque no es verdad que el problema de la vivienda obedezca a que hacen falta más casas. Como partimos de un contexto y una realidad diferentes, es difícil llegar a un acuerdo. El principal problema que hay en España es que hay mucha vivienda secuestrada por el turismo y porque hay gente que acumula muchas viviendas, y esto impide que otra gente la tenga.
¿Qué hace falta construir en algunos sitios? Quizá, y normalmente la derecha contesta siempre ‘ya, pero todos queréis vivir en las mismas ciudades y en las mismas calles’. Bueno, pues lo que sabemos es que el 20% de la obra nueva que se ha construido en Madrid y Barcelona el mercado no ha sido capaz de venderlo y sigue vacía. No es un problema de más construcción, creo que es un problema de más compra de vivienda pública.
Hay que hacer una compra masiva en todos los barrios para no generar guetos y que haya vivienda social en todas las calles y barrios
Y el Estado tiene mecanismos, como el tanteo y retracto, que permite comprar a precios asequibles a fondos buitre y a empresas para una promoción pública. Es importante la compra masiva de vivienda en todos los barrios para no generar guetos. A la larga, creo que las promociones públicas de vivienda terminan generando que los colectivos más vulnerables, que son los únicos que acceden a esta vivienda, entren en un gueto, y al mismo tiempo genera crispación, genera racismo, genera desazón de gente que lo pasa mal pero no llega a ser tan precaria para poder adquirir la vivienda pública.
Ante aquellos que quieren volver a la escalera de los ricos y la escalera del servicio, es muy importante que esa planificación de compra pública haga que haya vivienda social en todas las calles, en todos los barrios y nos mezclemos. En democracia es muy importante nunca perder la conciencia de clase, pero al mismo tiempo conocer entornos diferentes y realidades familiares distintas.
¿Qué medidas proponen para movilizar la oferta de pisos turísticos a alquiler residencial?
Hay una muy sencilla: que mañana se haga por ley que no pueda haber negocios en las viviendas residenciales. Igual que no entiendo por qué una empresa puede comprar vivienda, no entiendo por qué alguien pueda montarse un negocio en una finca residencial, cuando para abrir un negocio en cualquier otro sitio te piden mil cosas. Y aquí no se genera empleo, no se pagan impuestos porque no pagan ni siquiera el IVA, y es una competencia desleal para el sector hotelero.
No se entiende que haya apartamentos turísticos en bloques residenciales. Esto debería ser ilegal. Un bloque residencial tiene una función concreta estipulada en los planes urbanísticos que es la vivienda residencial, no un negocio.
Y si las casas son para vivir y no para hacer negocio, ¿toda esa vivienda a dónde va? Hay dos opciones: que los propietarios con apartamentos turísticos que no son grandes fondos decidan pasar al alquiler residencial, porque es el único que puede operar, y la otra, que haya fondos buitre que quieran vender. Y en ese momento el Estado, a través del tanteo y retracto, tiene que plantear una compra pública a precio asequible y regulado, y que esas vivienda pasen a ser parte de la oferta pública.
Muchos ayuntamientos esgrimen que ya hay normativa pero faltan controles o capacidad para controlar estos pisos.
La normativa es muy cobarde. Es una propuesta del PSOE que deja a los vecinos decidir con mayorías cualificadas. Claro, si soy propietario de siete casas en un bloque que voy a hacer Airbnb y quedan dos familias… Es que los derechos nunca pueden estar sujetos a lo que piense la mayoría o la minoría económicamente. Hay que garantizarlos.
No puede haber medias tintas con los pisos turísticos. Ponerles tasas está bien, pero no resuelve el problema. Debería ser ilegal
No puede haber medias tintas. Creo que hay buena voluntad y todo el mundo es consciente del problema. Hay ayuntamientos que han hecho políticas valientes, incluso en el PP el Ayuntamiento de Málaga quiere cobrar una tasa de recogida de basuras. Está bien, pero no resuelve el problema de fondo. La actividad económica en una finca residencial debe ser expropiada para garantizar el derecho a la vivienda.
El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación a los portales gestores de este tipo de vivienda. ¿Hacen falta cambios en la normativa para aumentar su transparencia?
Absolutamente. Se debe ser mucho más contundente. También hay que ser consciente de que los fondos buitre, las grandes promotoras se adaptan. Por ejemplo, la Ley de Vivienda dice que cobrar por enseñar un piso es ilegal. Pues ahora se han inventado un personal shopper y alguien te lleva a ver muchos pisos para ver cuál se adapta a ti, y te hacen pagar. Y si no, no puedes entrar a la rueda del mercado. A veces la legislación va más lenta que la trampa que se inventa el especulador y el rentista. Por eso hay que ser muy contundentes y dejar muy poco espacio.
Otro debate que hay que tener es el de la intermediación. Si la vivienda es un derecho y no permitimos la venta especulativa… ¿por qué tiene que haber por medio una empresa que se lleva el 15% o el 20% de la operación? Estos son debates que hay que hacer. Evidentemente, generan inseguridad a la gente que está establecida a lo que hay, pero si queremos que la sociedad no termine de reventar y que el Gobierno salte por los aires hay que tomar medidas diferentes.
El Ministerio de Vivienda retiró del Congreso la reforma de la Ley del Suelo por falta de apoyos, entre ellos el de Sumar. ¿Hay negociaciones para reactivar la reforma?
El problema de vivienda no es un problema de suelo. Y dentro de la Ley del Suelo puede haber matices sobre simplificación administrativa que pueden ser positivos. Habrá partes técnicas de la ley que podamos acordar. Pero la filosofía de la ley no puede contar con el apoyo de una fuerza ecosocialista como la nuestra.
La reforma de la Ley del Suelo viene a decir que hay que liberalizar más suelo y quita derechos para denunciar o paralizar una operación. No puede contar con nuestro apoyo
Viene a decir, por un lado, que hay que liberalizar más suelo. Y por otro, quita derechos que incluso durante el franquismo se mantuvieron, como que cualquier ciudadano o ciudadana que observe algo vinculado a la corrupción urbanística pueda denunciar. Cuando en este país hemos visto cómo funcionan los pelotazos urbanísticos, cómo se acosa a vecinos para echar abajo sus casas o cómo se intenta untar a concejales de Urbanismo para recalificar terrenos.
Supondría quitar el mínimo control que existe y que cualquier ciudadano, que no tenga la presión de vivir ahí, en cualquier momento pueda denunciar y paralizar una operación. Que el PSOE y el PNV crean que quita seguridad jurídica a los pobres promotores… Creo que hay demasiado canto de sirena en este Congreso y hay que pisar más la calle.
¿Qué propuesta han hecho para facilitar la compra de vivienda por los ayuntamientos?
Hemos registrado desde Compromís una propuesta para que los ayuntamientos puedan disponer de los remanentes que tienen cerrados en los bancos por las restricciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Cristóbal Montoro. En su conjunto tienen 39.000 millones que no pueden gastar. Son administraciones que han cumplido la rectitud de la política fiscal como nadie y han reducido su déficit a cifras anteriores a 2004. El Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, tiene más de 200 millones. Con ese dinero se pueden comprar muchos pisos.
La primera propuesta es que la ministra María Jesús Montero deje atrás las leyes Montoro y permita liberar el dinero de los ayuntamientos que está secuestrado en los bancos y hacer una compra masiva de vivienda. Y luego, impulsar una política fiscal que permita tener mayores ingresos al Estado. Debemos acercarnos, como mínimo, al 1% del PIB en inversión en vivienda. Estamos muy lejos. Se escuchan ahora tambores de guerra y que se van a relajar las normas para invertir más en industria militar. Me gustaría que el problema de la vivienda fuese tratado, como mínimo, al mismo nivel y que en los próximos Presupuestos Generales del Estado invirtamos lo que hay que invertir.
Según estimaciones del INE hay 3,8 millones de viviendas vacías. ¿Qué propuestas han trasladado al Ministerio de Vivienda en ese sentido?
Somos conscientes de que muchas de estas viviendas necesitan ser rehabilitadas. Desde el punto de vista clásico, pero también en eficiencia energética y adaptación climática.
La otra propuesta, insisto, es la compra pública. Si la gente tiene casas cerradas que no quiere tenemos dos opciones: invitarles a que las alquilen a un precio decente o comprarla a un precio, obviamente, pactado por el Estado. No pongamos el foco en realidades completamente residuales, como la ocupación, cuando el problema que hay en este país es que hay muchas casas sin gente y mucha gente que no tiene la posibilidad de soñar con tener una casa propia, y que el Estado no haga nada.
Puedes consultar la entrevista completa con el diputado Alberto Ibáñez en este enlace
