El Gobierno estrena 2026 con un nuevo anteproyecto de ley, tras aprobar en primera vuelta la nueva regulación sobre créditos al consumo.
Verá la luz, por tanto, una primera versión de la trasposición que el Gobierno quiere hacer sobre la Directiva 2023/2225, dirigida principalmente a impedir que los costes aplicados a los deudores sean excesivos.
La norma afecta a las normas de publicidad, la información precontractual y contractual, las ventas vinculadas o la evaluación de la solvencia, pero el plato fuerte será la forma en la que el Gobierno proponga límites al precio total de estos préstamos.
La directiva obliga a los Estados a adoptar medidas para impedir excesos, pero sin imponer ningún modelo concreto.
El plazo para trasponer la norma expiró el pasado 20 de noviembre, por lo que España ya va con retraso para incorporarla a su ordenamiento jurídico. La entrada en vigor de las normas, no obstante, no está prevista hasta un año más tarde, el 20 de noviembre de 2026.
Tras ser aprobado como anteproyecto de ley, el Ministerio de Economía sacará en audiencia pública el borrador de la norma con el fin de recibir propuestas concretas de modificación, y remitirá el texto a los órganos consultivos pertinentes. A partir de ahí, el texto deberá ser enviado a las Cortes Generales, ya como proyecto de ley, para iniciar entonces su tramitación parlamentaria, primero en el Congreso y después en el Senado.